El aumento de cuotas a autónomos en Murcia afectará a más de 40.000 trabajadores en 2026
En 2026, más de 40.000 autónomos en la Región de Murcia enfrentará un incremento mensual de 135 euros en sus cuotas a la Seguridad Social, como consecuencia de la subida de la base mínima de cotización hasta los 1.424 euros. La medida, que forma parte de las modificaciones legislativas en materia de cotización, afecta principalmente a autónomos societarios y colaboradores, cuyos costes laborales se incrementarán notablemente en un contexto de incertidumbre económica y escasa propuesta de reformas presupuestarias a nivel nacional.
El Gobierno de España ha establecido esta subida en el marco de una estrategia de ajuste fiscal que, en paralelo, ha generado controversia en el ámbito de los autónomos. La ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado en los últimos meses ha provocado que la base mínima de cotización, prevista para ajustarse en función de los presupuestos, permanezca en 1.000 euros desde 2022. Sin embargo, la normativa transitoria establece que dicha base debería haberse actualizado, lo que ha llevado a organizaciones como ATA a denunciar un incumplimiento del marco legal y a exigir una solución normativa inmediata, con efectos retroactivos desde enero de 2026.
Desde ATA Murcia, su presidente Francisco Casado ha criticado duramente la medida, calificándola de “salvajada”, y ha expresado que el Gobierno central pretende incrementar en un 42% la base de cotización para autónomos con rendimientos cercanos a los 1.000 euros mensuales. La organización ha recordado que estas decisiones afectan especialmente a negocios familiares y a autónomas, en su mayoría mujeres mayores de 50 años, que representan un perfil mayoritario en la región, en particular en zonas rurales.
En un contexto político marcado por la falta de acuerdo en la aprobación de los presupuestos generales, la gestión económica del Ejecutivo ha sido objeto de críticas por parte de diversos colectivos, incluyendo a los autónomos. La imposibilidad de definir un marco presupuestario estable ha provocado que muchas medidas económicas dependan de reformas legislativas ad hoc, generando inseguridad jurídica y dificultades para la planificación de negocios y proyectos personales.
El impacto de este incremento en las cotizaciones también tiene implicaciones en la economía local, afectando a sectores tradicionales y rurales donde muchas familias dependen del trabajo autónomo. La organización ATA ha señalado que cada autónomo afectado soportará un coste adicional de hasta 1.620 euros anuales, lo que podría traducirse en una reducción de ingresos y en mayores dificultades para mantener la actividad en un entorno ya de por sí desafiante.
En el contexto más amplio, esta situación refleja las tensiones existentes en la política económica española, donde la falta de presupuestos y las disputas políticas dificultan la implementación de medidas estructurales que protejan a los colectivos más vulnerables. La reivindicación de los afectados continúa en aumento, con la expectativa de que las distintas fuerzas políticas lleguen a acuerdos que permitan revertir o modificar la medida en los próximos meses.