El Gobierno autonómico denuncia que el nuevo anteproyecto del SMI infringe la ley y socava la negociación colectiva.
Murcia, 24 de marzo. En un firme pronunciamiento, el Gobierno regional de Murcia ha manifestado este lunes su desacuerdo con el anteproyecto de Real Decreto que establece las nuevas pautas para la implementación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Según el Ejecutivo murciano, esta propuesta "atenta contra principios esenciales del ordenamiento jurídico y debilita la negociación colectiva".
Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, ha calificado el anteproyecto como una clara invasión en el ámbito normativo que debería ser regulado por leyes, evidenciando una ruptura de los principios de legalidad y jerarquía normativa. Asimismo, ha destacado que este texto se aleja injustificadamente de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo.
El documento que ha sido enviado al Ministerio de Trabajo, bajo el mando de Yolanda Díaz, enfatiza que la normativa propuesta "realiza modificaciones por la vía reglamentaria que chocan con el Estatuto de los Trabajadores", según ha señalado el Gobierno autonómico.
Con respecto a la alineación con la normativa europea, la consejera ha criticado que el anteproyecto ignora elementos cruciales de la directiva europea, especialmente en lo relacionado con la contratación pública. Ha enfatizado que no se puede exigir el cumplimiento del SMI a las empresas si la Administración no asegura dicho cumplimiento en sus contratos y subcontratas.
López Aragón también ha puesto en duda el nuevo método de ajuste del SMI, afirmando que "el Gobierno central está imponiendo revisiones automáticas basadas únicamente en el IPC, sin tomar en cuenta factores fundamentales como la productividad, el poder adquisitivo o el verdadero desarrollo de los salarios".
La consejera sostiene que "esta visión es incompleta y no se alinea con la normativa europea ni con el Estatuto de los Trabajadores".
Otro aspecto abordado en el análisis ha sido la regulación relacionada con la compensación y absorción salarial. Según López Aragón, se está limitando de manera inapropiada un mecanismo que ya cuenta con reconocimiento legal, y ha subrayado que el Tribunal Supremo ha establecido que el SMI debe considerarse un umbral anual global y no meramente un salario base, lo que cambia su naturaleza original.
Además, ha alertado que esta propuesta de anteproyecto representa un cambio significativo en el modelo de relaciones laborales al sustituir el diálogo social por una mayor intervención gubernamental. Esta situación, a su juicio, menoscaba la negociación colectiva y restringe la capacidad de sindicatos y empresarios para acordar salarios, alterando el equilibrio del sistema.
López Aragón también ha señalado la carencia de rigor en la memoria de evaluación de impacto normativo, alegando la ausencia de estudios económicos exhaustivos y una evaluación apropiada de las cargas administrativas. Esto, añadió, vulnera los principios de buena regulación y transparencia que deben presidir cualquier iniciativa legal.
Ante este panorama, el Gobierno de la Región de Murcia ha instado al Ejecutivo central a realizar "una revisión exhaustiva del anteproyecto para asegurar que se ajuste al marco legal, respete la negociación colectiva y garantice una correcta trasposición de la directiva europea".