El Gobierno regional de Murcia rechaza recortes en el trasvase Tajo-Segura pese a excesos en los pantanos de cabecera

El portavoz del Ejecutivo regional de Murcia, Marcos Ortuño, ha subrayado que no tiene sentido aprobar hoy un recorte en el trasvase Tajo-Segura, en medio de una situación en la que los pantanos de cabecera del río Tajo acumulan más de 1.500 hectómetros cúbicos de agua, una cifra que contrasta con las propuestas de reducción en el flujo hacia Levante. La tensión surge en un contexto de disputa política y jurídica entre las comunidades implicadas en la gestión del agua en la cuenca del Tajo.

Este enfrentamiento se enmarca en la decisión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de presentar un recurso contencioso-administrativo contra las nuevas reglas de explotación del trasvase, aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La medida busca modificar los caudales ecológicos y limitar el volumen de agua transferido, lo que afecta directamente a la Región de Murcia y a sus agricultores.

Desde la administración murciana, se ha hecho un llamamiento a la necesidad de aplicar criterios técnicos y un plan nacional del agua que contemple las infraestructuras necesarias para garantizar una gestión sostenible. Además, se ha solicitado al delegado del Gobierno en la región, Francisco Lucas, que deje de centrarse en discursos políticos y redes sociales, y que presione al Gobierno central para mantener los caudales actuales, que consideran indispensables para la economía agrícola local.

Por otra parte, la postura del Ejecutivo murciano también critica el pasado político del delegado, recordando que en su etapa como diputado en el Congreso votó en contra de blindar el trasvase Tajo-Segura, lo que se interpreta como un doble rasero en la postura del Gobierno central respecto a la protección de los intereses de Murcia.

Este conflicto refleja la complejidad de la gestión del agua en una de las cuencas más disputadas de la península, donde las decisiones políticas y jurídicas se entrelazan con la necesidad de garantizar recursos para la agricultura y el medio ambiente. La situación evidencia la importancia de establecer un marco de cooperación y planificación a largo plazo que permita afrontar las tensiones entre comunidades y sectores afectados.