La reciente reunión de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Adicciones, llevada a cabo en el Senado, ha sido escenario de la aprobación de una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Esta iniciativa busca establecer un sistema de verificación de edad que se aplique en todas las plataformas de juegos de azar, una medida que, según sus defensores, es esencial para proteger a los más jóvenes de los riesgos asociados a esta actividad.

La diputada nacional por la Región de Murcia y portavoz de la propuesta, Caridad Rives, ha expresado su firme creencia en la urgencia de avanzar hacia un objetivo que debería ser de interés común: la prevención del juego patológico. Según Rives, este fenómeno podría convertirse en una verdadera pandemia entre las generaciones futuras si no se toman medidas decisivas a tiempo.

Rives ha enfatizado la responsabilidad que tiene el legislador para implementar políticas efectivas que no solo traten síntomas inmediatos, sino que miren a largo plazo. “No podemos permitir que nuestras acciones se limiten a soluciones temporales”, ha argumentado, añadiendo que la tendencia en el juego online entre los jóvenes es una cuestión alarmante que requiere atención inmediata para no llegar a un punto de no retorno.

En apoyo a su afirmación, la diputada citó los hallazgos del estudio ESTUDES, que revelan un aumento en la prevalencia del juego con dinero online entre los estudiantes de 14 a 18 años. En concreto, la proporción de estos jóvenes que han participado en esta actividad ha incrementado del 9,4% al 10,7% en un período de apenas dos años, resaltando un fenómeno que demanda una intervención clara y efectiva.

Por otro lado, Rives también destacó la delimitación de competencias en materia de regulación del juego, subrayando que el Gobierno de España únicamente tiene autoridad sobre el juego online. “Es crucial recordar que el juego presencial queda bajo el ámbito exclusivo de las comunidades autónomas, las cuales son responsables de decidir la cantidad y ubicación de las casas de juego”, apuntó.

De forma contundente, la diputada hizo un llamado a las comunidades autónomas para que intensifiquen sus esfuerzos en el control y regulación del juego en relación a los menores. En su región, por ejemplo, ha mencionado una preocupante estadística: hay un local de juego por cada 4.000 habitantes, lo que contrasta drásticamente con la cantidad de centros educativos, que asciende a 624, frente a 733 salones de juego y salas de apuestas. “Es un despropósito que nuestra comunidad tenga esta disparidad”, concluyó Rives, instando a una acción más contundente por parte de las autoridades regionales.