El Tribunal Supremo ha decidido aceptar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Cartagena en contra de un acuerdo del Consejo de Ministros datado el 27 de mayo de 2025. Este acuerdo permitía la conversión del antiguo Hospital Naval en un centro de acogida para migrantes y obligaba al Ayuntamiento a modificar su Plan General de Ordenación Urbana, algo que ha generado un gran debate en la localidad.

Como parte del proceso, el Supremo ha solicitado al Ministerio de Presidencia que envíe toda la documentación relacionada con el expediente administrativo en un periodo de 20 días. Además, se requiere que se notifique a todas las partes interesadas la existencia del recurso, conforme a la legislación vigente en materia contencioso-administrativa.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha manifestado la necesidad de este recurso, subrayando que es el deber del Ayuntamiento garantizar el cumplimiento de las normativas por parte de todas las administraciones. “La Administración central impone decisiones que no cuentan con el consenso del pueblo cartagenero”, ha declarado Arroyo en un comunicado de prensa municipal.

Arroyo ha expresado su preocupación por tener que recurrir a la justicia para resolver discrepancias entre administraciones. “Este no debería ser el camino a seguir, pero hemos llegado a un punto donde la falta de lealtad de una de las partes nos ha forzado a actuar así”, ha añadido, haciendo hincapié en la ausencia de diálogo en torno a este asunto.

En los meses venideros, los servicios legales del Ayuntamiento se encargarán de formalizar el recurso, que se sustentará en argumentos relacionados con incompatibilidad urbanística, la ubicación del inmueble en una zona propensa a inundaciones y los peligros que podrían enfrentar aquellos que sean alojados en un recinto con una capacidad aproximada de 1.500 personas. Además, el Gobierno regional ha manifestado su intención de apoyar este recurso con documentación pertinente.

Desde el Consistorio han asegurado que, con el acuerdo en cuestión, el Consejo de Ministros está buscando regularizar obras en el Hospital Naval que fueron realizadas sin la correspondiente licencia municipal. Estas obras han vulnerado normas de seguridad y estaban sujetas a órdenes de paralización y procedimientos sancionadores impuestos por el Ayuntamiento.

Aprovechando su capacidad de actuar en situaciones de emergencia o interés público, el Gobierno ha realizado estas obras sin atenerse a los planes urbanísticos establecidos. Cabe recordar que en febrero el Ministerio de Inclusión había declarado la urgencia de estas obras, lo que ha generado más controversia.

Los problemas comenzaron mucho antes cuando el Ayuntamiento, tras detectar varias intervenciones irregulares, decidió tomar cartas en el asunto. En junio de 2024, un primer expediente fue emitido por la transformación de consultas en dormitorios, y en octubre se descubrieron carpas de grandes dimensiones instaladas sin la debida autorización.

Ante esta situación, la Oficina de Urbanismo ordenó de inmediato la paralización del trabajo, la retirada de materiales y maquinaria, así como el precinto de los accesos en un plazo de cuatro días. También se abrió un expediente sancionador por una grave infracción urbanística, iniciando así el proceso de restauración de la legalidad en la materia.

El escenario se complicó en noviembre de 2024, cuando se iniciaron dos expedientes adicionales al identificar nuevas obras dirigidas a habilitar 300 camas, también sin la debida licencia. Los informes técnicos revelaron que tales actividades contradecían el Plan General de Ordenación Urbana, que el área se encuentra en una zona de alto riesgo de inundaciones y que las carpas no cumplían con las normativas de seguridad contra incendios, lo que las hacía irreales para su legalización.