El debate sobre la seguridad en la cuenca del Segura se hace cada vez más urgente, ya que expertos de la Universidad de Murcia (UMU) han expresado su preocupación por el creciente número de inundaciones que afectan a esta región mediterránea. En un análisis detallado, han observado un aumento significativo tanto en la frecuencia de estos eventos como en las áreas afectadas, lo que plantea una clara necesidad por reforzar los sistemas de vigilancia y educación de la población ante posibles catástrofes.

En una reciente entrevista a Europa Press, el profesor Alfredo Pérez, especialista en geografía, subrayó que uno de los factores principales detrás de esta alarmante tendencia es la proliferación de edificaciones en zonas con un alto riesgo de inundación. Este fenómeno es especialmente notorio en comunidades como la Región de Murcia, donde los desarrollos urbanísticos han crecido de manera desmedida y muchas de estas construcciones se sitúan en espacios inundables.

Pérez señaló que la mayor actividad constructiva en áreas vulnerables se concentró entre 1950 y 2008, coincidiendo con el auge de la burbuja inmobiliaria. Antes de este período, existía una percepción inadecuada del riesgo de inundaciones, exacerbada por la escasez de caudal en los ríos y ramblas locales, lo que llevó a construir de manera irresponsable sobre sus cauces a lo largo del tiempo.

El académico advirtió que la situación ha cambiado drásticamente: "Ya no es necesario que se registren lluvias torrenciales para generar inundaciones, dado que se ha edificado extensivamente en zonas susceptibles". También destacó cómo la urbanización del territorio ha limitado la capacidad de los suelos para absorber agua, lo que incrementa aún más el riesgo de desbordamientos.

Un importante hito ocurrió en 2007, cuando la Unión Europea instó al Gobierno español a implementar un sistema de cartografía que identifique áreas propensas a inundaciones. A diferencia de comunidades como la Valenciana, que ya habían desarrollado planes de ordenación sectorial en 2003, Pérez indicó que la Región de Murcia aún carece de este tipo de estrategias planificadas adecuadamente.

El pesquisador también se refirió a la reciente actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que revela que cerca de 66.712 habitantes residen en Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). Estos grupos poblacionales, distribuidos en 52 municipios, principalmente en la ciudad de Murcia y en localidades como Cartagena, Orihuela, Lorca y Torre Pacheco, están en constante riesgo de sufrir inundaciones en una década.

El profesor Pérez hizo hincapié en que, aunque el comportamiento de la naturaleza es incontrolable, las Administraciones Públicas tienen a su alcance la responsabilidad de llevar a cabo medidas preventivas que minimicen el impacto de las inundaciones. Propuso la adopción de una planificación sostenible y un refuerzo en la gestión de recursos hídricos como pasos fundamentales a seguir.

Adicionalmente, abogó por la necesidad de formar a la población sobre cómo reaccionar ante situaciones de inundación. Recalca que tener un sistema de alerta temprana eficaz es una inversión que, comparada con las pérdidas potenciales que podrían evitarse, resulta mínima. Así, destacó la importancia de educar a los ciudadanos para que reconozcan cuándo y cómo actuar en caso de emergencias.

El profesor también propuso la inversión en investigación y la reforestación de áreas montañosas y cuencas altas como medidas alternativas, toda vez que la cooperación y coordinación institucional juega un papel crucial en la gestión de emergencias como las inundaciones.

En el mismo sentido, Salvador Gil, otro académico del Departamento de Geografía de la UMU, complementó estas ideas sugiriendo la instalación de pluviómetros en diferentes puntos de la cuenca, los cuales estarían conectados al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHS. Además, sugirió la necesidad de implementar sistemas de alerta sonora que informen a los ciudadanos sobre peligros inminentes, ya que una simple advertencia por teléfono móvil podría resultar insuficiente en algunas situaciones.

Gil también resaltó la relevancia de "respetar a la ciencia” y plantear una revisión del actual modelo urbano, que, a su juicio, está diseñado para un clima que ha cambiado. Propuso que la creación de ciudades más compactas podría ser una solución más sostenible, ya que reduciría el consumo de suelo y recursos, al mismo tiempo que ocuparía menos áreas propensas a inundaciones.

Finalmente, Gil destacó que es vital considerar los cambios que el cambio climático ha traído consigo. Indicó que lo que antes se consideraba un evento extraordinario podría llegar a convertirse en algo común, y advirtió que situaciones que antes ocurrían una vez cada 500 años, ahora podrían trasladarse a intervalos de cada 100 años. Esta reflexión es fundamental para preparar adecuadamente a la población y a las infraestructuras frente a futuros desastres.