Gobierno ajusta regulaciones para combatir el intrusismo en el sector salud.

En una reciente reunión, el Consejo de Ministros español ha dado luz verde a cambios significativos en el Real Decreto 1277/2003, que regula la autorización de centros y servicios sanitarios. Esta modificación busca garantizar que la atención médica sea proporcionada únicamente por profesionales debidamente cualificados, con el fin de salvaguardar la salud de los pacientes.

El Gobierno ha tomado esta decisión tras la creciente preocupación por casos de intrusismo profesional, especialmente en el campo de la cirugía estética. Las alarmantes irregularidades detectadas han puesto de relieve la necesidad de actualizar y reforzar el marco legal para brindar una atención sanitaria más segura y efectiva, evitando así errores que puedan comprometer la salud de los ciudadanos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que esta reforma es un acto de sentido común que pretende aprender de situaciones pasadas para proteger a los pacientes y asegurar que cada profesional ejerza dentro de su ámbito de competencias. “Es fundamental que lo ocurrido no se repita”, añadió en un comunicado.

García citó el trágico caso de Sara Gómez, quien perdió la vida en 2022 tras una intervención estética realizada por alguien sin la formación adecuada. Este suceso ha marcado un hito en la política sanitaria, impulsando medidas más rigurosas para evitar futuras tragedias.

Entre las novedades introducidas por el Real Decreto, destaca un artículo que obliga a los centros de salud a garantizar que todos los procedimientos sean realizados exclusivamente por personal con la titulación adecuada. Esto implica que cada establecimiento debe llevar un registro actualizado que detalle la formación y especialidad de su equipo médico, reafirmando que no es suficiente con una simple declaración de empleo.

Además, la regulación establece que los nuevos profesionales deberán recibir información sobre las prácticas seguras que se aplican para proteger al paciente, asegurando una transición adecuada a sus nuevos roles en el sistema sanitario.

Esta reforma se produce después de que la Audiencia Nacional suspendiera previamente una orden ministerial que limitaba la realización de cirugías estéticas a un número reducido de profesionales. La nueva normativa se publicará oficialmente en julio, cuando entrará en vigor completamente.

A partir del 1 de julio, los centros sanitarios tendrán un periodo de seis meses para adaptar sus registros y procedimientos a las nuevas exigencias, y las comunidades autónomas contarán con un año para ajustar la oferta de servicios a las nuevas definiciones establecidas.

Con esta acción, España se alinea con el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021-2030 de la OMS, reforzando la calidad de su Sistema Nacional de Salud y promoviendo un modelo de atención basado en la seguridad y la excelencia clínica.