El 14 de septiembre es la fecha límite para presentar las solicitudes de ayuda establecidas por el Gobierno regional, según anunció recientemente un comunicado oficial.

Este nuevo programa de apoyo, que asciende a 4,5 millones de euros, ha sido diseñado específicamente para los productores de almendros en la Región de Murcia. Su objetivo primario es facilitar el arranque y la replantación de árboles que han sufrido las consecuencias de la sequía.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, hizo público este anuncio durante una visita a cultivos de almendro en Moratalla. Durante su intervención, resaltó el compromiso del gobierno con el sector, afirmando que se han puesto en marcha ayudas específicas para mitigar los severos problemas que enfrentan los agricultores debido a la falta de agua.

Las ayudas están fijadas en doce euros por árbol, lo que cubrirá hasta un 60% del costo total de las labores de arranque y replantación. Cada agricultor podrá acceder a un máximo de 24.000 euros, siendo la inversión máxima admitida por expediente de 40.000 euros, como detallaron fuentes del Gobierno regional.

En el marco de esta ayuda, la replantación de árboles afectados establecerá un rango mínimo de 40 y un máximo de 2.000 árboles por expediente, lo cual permitirá alcanzar una reconstitución estimada de hasta 375.000 almendros en toda la Región, afectando parcialmente a unas 10.000 hectáreas.

Rubira también comentó que esta convocatoria fue elaborada en colaboración con diversas organizaciones agrarias y cooperativas, con el fin de permitir a los agricultores planificar sus reforestaciones en un horizonte de tres años, al mismo tiempo que les proporciona garantías para enfrentar desafíos futuros.

Para facilitar la ejecución de estas inversiones, se ha permitido a los agricultores distribuir su inversión a lo largo de los años mencionados en la convocatoria (2026, 2027 y 2028). Esto responde a la realidad de que el material vegetal necesario puede no estar disponible en un solo año, ya sea por la falta de oferta en los viveros o por la incapacidad del beneficiario para realizar toda la inversión de acuerdo con las recomendaciones agronómicas.