El día de hoy, el Gobierno de la Región de Murcia y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) han expresado su oposición unánime a los recientes recortes en el trasvase Tajo-Segura, que se concretan con la implementación del nuevo nivel de caudal ecológico de 8 metros cúbicos por segundo, vigente desde el 1 de enero.

Este nuevo requerimiento implica una reducción de aproximadamente 70 hectómetros cúbicos de agua al año para la zona del Levante, en comparación con la normativa anterior, lo cual sorprende y preocupa a los regantes y al Ejecutivo regional.

El presidente regional, Fernando López Miras, mantuvo un encuentro con Lucas Jiménez, líder de Scrats, y otros miembros de su directiva, donde se destacó que esta medida representa un nuevo golpe al trasvase por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Marcos Ortuño, portavoz del Gobierno murciano, indicó que este aumento en el caudal ecológico carece de fundamentos técnicos sólidos y se implementa sin haber realizado una evaluación adecuada del primer escalón, debido a que no se ha constituido la Comisión de Seguimiento del Plan Hidrológico del Tajo, un requisito obligatorio.

Ortuño señaló que esto es parte de una estrategia a largo plazo de recortes que amenazan tanto el futuro del trasvase, como la agricultura en el sureste español y miles de empleos vitales en la región.

El establecimiento de un caudal ecológico de 8 metros cúbicos por segundo y la consiguiente reducción de agua se consideran por Ortuño como una decisión política con graves repercusiones económicas y sociales para la población, además de su impacto territorial.

El portavoz también criticó fuertemente la falta de transparencia del Gobierno central, que no ha proporcionado información esencial sobre concesiones de agua, consumos reales y criterios de explotación en la cabecera del Tajo, lo cual añade una capa de incertidumbre a la ya complicada situación.

Asimismo, Ortuño cuestionó la arbitrariedad de la normativa sobre caudales ecológicos, que establece estándares más estrictos en el tramo que afecta directamente al trasvase, mientras que otros tramos de la misma cuenca se rigen por normas menos severas.

Insistió en que no hay coherencia técnica ni ambiental en estas decisiones, que parecen dirigidas a dañar el interés del Levante español.

Durante el encuentro, se analizó cómo la nueva medida afectará negativamente la garantía de envío de agua, creando más incertidumbres para los regantes, a la vez que encarecerá su acceso al recurso esencial, sin ofrecer alternativas efectivas que compensen la pérdida del trasvase.

Por su parte, Lucas Jiménez, presidente de Scrats, advirtió que el Gobierno central había prometido recortes en el trasvase junto con una inyección de 3.150 millones de euros para mejorar la infraestructura hidráulica en la cuenca del Tajo, pero la única parte que parece cumplirse es el ajuste en el trasvase.

Jiménez también expresó su preocupación por la situación de los recursos subterráneos en la cuenca y la expectativa en torno a la resolución de los tribunales sobre una demanda presentada por el sindicato respecto a la planificación del Tajo.

En medio de estos recortes, criticó que el Gobierno esté dispuesto a invertir en proyectos de transferencias hídricas a Marruecos, considerándolo una traición grave para el sector agrícola español.

Jiménez lamentó que decisiones de esta naturaleza se tomen en España, un país desarrollado, afirmando que tales estrategias deberían pertenecer a contextos de países en desarrollo.

Respecto a las reglas de explotación del trasvase, Jiménez sugirió que el Gobierno teme publicarlas, ya que serían evidentes las maniobras políticas detrás de ellas. Mencionó que con los embalses de Entrepeñas y Buendía al máximo de su capacidad, el Ejecutivo podría evitar realizar cambios necesarios en las reglas de funcionamiento.

Finalmente, hizo un llamado a todos los agricultores y ganaderos del Levante para asistir a la asamblea de Scrats, programada para finales de enero, donde se discutirá el futuro de los recursos hídricos en la región.

Por último, tanto el Gobierno regional como Scrats coincidieron en que la próxima planificación hidrológica, que abarca del 2028 al 2033, debe ser un punto de inflexión en la política de agua, revisando la metodología de los caudales ecológicos y garantizando la viabilidad del trasvase como una infraestructura esencial para el Estado.

Ortuño concluyó reafirmando el compromiso por la defensa del trasvase Tajo-Segura y señaló que mantendrán una actuación coordinada en el ámbito político, institucional y jurídico para contrarrestar decisiones que amenacen el equilibrio territoriales y el desarrollo del Levante español.