En la mañana del 13 de febrero, un importante avance se dio en el caso del trágico incendio ocurrido el 1 de octubre de 2023, que cobró la vida de trece personas en dos discotecas en el polígono Atalayas de Murcia. La jueza a cargo de la Sección de Instrucción del Tribunal de Murcia ha decidido que el proceso legal continúa por los trámites del procedimiento abreviado.

La magistrada ha encontrado, tras analizar las diligencias presentadas, elementos suficientes que podrían responsabilizar a cinco individuos por un posible delito de homicidio por imprudencia. Esta apreciación, por supuesto, puede cambiar a medida que avance el juicio, tal como se reportó en un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Según el auto emitido, hay "indicios racionales" que sugieren que los hechos investigados pueden constituir una infracción penal. Por lo tanto, el procedimiento seguirá contra los responsables de la explotación de las discotecas, el organizador de la fiesta y el técnico que participó en el diseño del local.

Este avance en la investigación permite concretar a las partes involucradas que podrían llevar una acusación o solicitar el cierre de la causa. La jueza ha incluido en su relato que durante el evento se utilizaron máquinas que generaban "chispas de fuego frío" y que alcanzaban temperaturas peligrosas de hasta 452 grados centígrados, capaces de lanzar chispas a distancias considerables.

Además, se detalla que estas máquinas carecían de un número de serie y debían ser utilizadas con precaución, manteniendo distancias de seguridad. Sin embargo, se menciona que las chispas provocaron un incendio en el techo del local, lo que a su vez provocó una rápida propagación del fuego hacia la discoteca contigua, atrapando a trece personas en la planta superior, quienes no lograron escapar.

La resolución judicial también examina modificaciones estructurales realizadas en los establecimientos, indicando que estas no contaron con las licencias municipales necesarias, lo que podría haber facilitado la propagación del fuego. La nueva configuración de los locales, según la jueza, no cumplía con las normativas de seguridad establecidas, lo que resulta alarmante.

Se identificaron varias deficiencias técnicas que favorecieron el avance del fuego, como la falta de elementos resistentes al fuego y la inexistencia de compartimentos seguros que impidieran el paso del fuego de una discoteca a otra. Asimismo, se reporta que existía mobiliario y elementos decorativos cuya resistencia al fuego no había sido certificada.

Las conclusiones indican que es necesario avanzar en el procedimiento abreviado, dado que hay indicios claros de responsabilidad penal. Esto marca un punto de inflexión en el caso, donde se espera que las acusaciones formulen sus demandas o soliciten el sobreseimiento.

Además de los delitos de homicidio por imprudencia, la magistrada también ha determinado que existen indicios para considerar trece delitos de lesiones por imprudencia grave, relacionados con otras víctimas que resultaron heridas en el siniestro. La situación apunta a un contexto de acciones imprudentes que derivaron en consecuencias fatales para muchos.

La jueza, por otro lado, abrirá la investigación hacia un posible delito contra los derechos laborales, dado que hay indicios de incumplimiento de normativas de seguridad laboral en relación al manejo del incendio.

Se subraya que la muerte de una trabajadora y la exposición al riesgo del personal podrían estar vinculadas a la falta de medidas de protección adecuadas, lo que podría implicar violaciones a los artículos relevantes del Código Penal.

En lo que respecta a los funcionarios municipales y al responsable de seguridad del lugar, se ha decidido su sobreseimiento al no hallar pruebas que los vinculen penalmente con las muertes o lesiones. La jueza ha decidido enfocarse exclusivamente en los delitos de homicidio imprudente, separando cualquier cuestión relacionada con la presunta prevaricación administrativa.

Finalmente, es importante destacar que la resolución aún no es definitiva y puede ser objeto de apelación ante la Audiencia Provincial, lo que podría llevar a nuevas decisiones en el futuro.