El caso de corrupción conocido como 'caso Koldo' ha traído a la luz una serie de adjudicaciones relacionadas con importantes proyectos de obra pública, obtenidos por las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Esta información ha sido revelada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga estas contrataciones en el Tribunal Supremo.

Según un extenso informe de 490 páginas, el juez Leopoldo Puente ordenó registros en la vivienda del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y en varias empresas a raíz de las indagaciones. Estas acciones se fundamentan en grabaciones realizadas por el exasesor ministerial Koldo García entre 2019 y 2023, las cuales fueron recuperadas recientemente.

Las grabaciones incluyen diálogos en los que participan Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE hasta hace poco. Durante dichas conversaciones, se hace referencia a la búsqueda de "contraprestaciones económicas" relacionadas con la adjudicación de proyectos, especialmente vinculados a Acciona SA y su filial Acciona Construcción SA.

El informe detalla que, el 18 de noviembre de 2020, Koldo comunicó a Ábalos que tenía pendientes las adjudicaciones de 'San Feliu' y 'El Mayor', esta última correspondiente a un proyecto para el soterramiento de la red ferroviaria en el barrio Santiago El Mayor de Murcia. Esta licitación se realizó en agosto de 2018, siendo adjudicada a la UTE Ferrovial Agroman - Acciona Construcción por un total de 158 millones de euros tras obtener la mejor evaluación técnica.

Además, el documento menciona la licitación en junio de 2018 para la construcción de la plataforma del AVE Murcia-Almería, en la que también participó la misma UTE, logrando un contrato valorado en 121 millones de euros, a pesar de ser la segunda oferta más cara de entre catorce licitantes.

Entre las obras que han despertado el interés de la UCO se encuentra el Puente del Centenario en Sevilla, cuya licitación ya estaba en preparación en noviembre de 2018. Destacan las gestiones de Cerdán, quien instó a Koldo a cerrar esta licitación, revelando la presión que se ejercía para mover el proceso. Finalmente, la obra se adjudicó en mayo de 2021 por 71 millones de euros, suma que fue ampliada posteriormente a 102,8 millones.

Otras licitaciones bajo sospecha incluyen un proyecto de la carretera A-32 en el tramo Linares-Albacete y la N-322 entre Córdoba y Valencia. Se han encontrado mensajes de Koldo que sugieren que el proyecto era de OPR y cuya tramitación se buscó agilizar.

Por otro lado, la propuesta de Adif para estabilizar taludes en Asturias, valorada en 592.053 euros, se detalla en el informe como otra adjudicación problemática, donde Koldo habría solicitado la asignación directa de la obra a LIC.

Un proyecto significativo fue el de la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat, que fue adjudicado a Acciona por 51,7 millones en noviembre de 2019, cifra que aumentó en 2022 a 62 millones. Este caso es uno entre varios donde la relación entre las empresas adjudicatarias y las gestiones del exministro se pone de relieve.

El informe también menciona licitaciones relacionadas con la autovía A-12 y otros proyectos viales, donde se observa un patrón de comunicación e interacción entre los protagonistas que dejaría entrever irregularidades en la gestión de los contratos.

A medida que avanza esta investigación, la UCO continúa descubriendo detalles que sugieren un conflicto de intereses en la adjudicación de obras en varias comunidades, incluyendo Navarra, La Rioja y más, resaltando el impacto de estas decisiones en la economía y la transparencia en la gestión pública.

En conclusión, el 'caso Koldo' continúa revelando un entramado complejo de adjudicaciones y conexiones políticas que ponen en entredicho la ética y la integridad en la administración de recursos públicos, generando preocupaciones sobre la transparencia en el gobierno y el papel de las constructoras en este escenario.