En un giro inesperado, la Asamblea Regional ha desestimado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba garantizar el derecho a la vivienda en la Región de Murcia. Esta propuesta, respaldada por más de 16.000 firmas recogidas por grupos sociales, obtuvo el apoyo del PSOE y del Grupo Mixto, mientras que el PP y Vox se opusieron rotundamente a su consideración.

Dicha ILP abarcaba medidas que incluían compensaciones por los retrasos en las ayudas al alquiler, la creación de un registro autonómico de solicitantes de vivienda y la defensa de que el suelo público se conserve como tal. Los defensores de la propuesta argumentan que la actual normativa regional es inviable, lo que se debe a la falta de un desarrollo reglamentario, y acusan al Gobierno autonómico de eludir sus responsabilidades en esta área crucial.

El diputado del PSOE, Miguel Ángel Ortega, fue uno de los voceros más destacados de esta iniciativa, señalando que "los ciudadanos merecen consideración, y esta ILP es prueba palpable de que hay una creciente demanda de políticas habitacionales efectivas". Ortega criticó al PP por su enfoque limitado, alegando que "solo se ha legislado en contra de la ocupación, que es un problema que afectó tan solo al 0,05% de la población, mientras que en ocho años no se ha construido ninguna vivienda pública". Además, anunció la intención de su partido de presentar nuevamente la iniciativa en septiembre, prometiendo colaborar con la Plataforma por la Vivienda para corregir los errores técnicos y facilitar su debate.

Desde Podemos, la diputada María Marín no se quedó atrás en sus críticas, enfatizando que "menospreciar una propuesta ciudadana es un ataque directo contra las familias y los jóvenes de nuestra región". Marín reprochó al PP y a Vox por haber decidido, en una reunión de apenas 30 minutos durante un caluroso mes de julio, ignorar la voz de más de 16.000 ciudadanos, haciendo eco de una advertencia: "Mientras la justicia no prevalezca, la lucha seguirá".

El representante de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, subrayó el aspecto democrático de la ILP, afirmando que "este debate no solo concierne a la política de vivienda, sino a la propia esencia de la democracia. Esta cámara no puede desestimar el esfuerzo de 16.100 ciudadanos que, durante seis meses, han trabajado para que esta propuesta sea discutida aquí". Cerró su intervención con firmeza, demandando que no se arrespente esta propuesta.

Por otro lado, desde Vox, el diputado Ignacio Arcas defendió el voto negativo, aludiendo a deficiencias en la redacción legal del texto que, según él, imposibilitan su implementación. Arcas acusó a los promotores de "engañar a la ciudadanía con una propuesta irrealizable", alegando que la solución efectiva se encuentra en la reducción de burocracia, la ampliación de suelo y en fomentar un alquiler que perdure en el tiempo.

En defensa de la postura del Partido Popular, el diputado Antonio Landáburu rechazó las acusaciones de desdén hacia los ciudadanos, afirmando que "usar el tema de la vivienda como estrategia política es la verdadera falta de respeto". Landáburu argumentó en favor de un modelo que sea "equilibrado, sostenible y eficaz, protegiendo a los más vulnerables sin sacrificar la iniciativa privada". También advirtió que la ILP en cuestión "no abordará las problemáticas reales de acceso a la vivienda y podría generar nuevas complicaciones".