La Asamblea Regional de Murcia ha dado su visto bueno a una iniciativa impulsada por el Partido Socialista, con el respaldo de PP, PSOE y el Grupo Mixto, mientras que Vox optó por abstenerse. Esta moción solicita al Gobierno murciano que realice los pagos correspondientes a las ayudas destinadas a la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico y a la adquisición de vehículos eléctricos.

Alfonso Martínez, diputado del PSOE, ha criticado la situación de impago de estas subvenciones en la Región, que se encuentra entre las peores del país. De los 53,8 millones asignados para autoconsumo, apenas se ha desembolsado un 10,4%, y solo un 2,6% de los 27,3 millones destinados al plan Moves III para vehículos eléctricos, según estadísticas oficiales. Ha señalado la falta de transparencia del Ejecutivo regional y ha pedido que se cumpla el compromiso de que los beneficiarios verán el dinero en 2025.

Por su parte, Vox, al abstenerse, ha coincidido en criticar la tardanza en los pagos, aunque ha atribuido la culpa a lo que consideran una Administración regional con serias deficiencias. Además, han cuestionado el enfoque del Gobierno en cuanto a la promoción del vehículo eléctrico, exigiendo una "neutralidad tecnológica" y desaprobando lo que ven como una motivación ideológica detrás de estas políticas. María Luisa Casajús, del PP, defendió la postura del Gobierno regional, asegurando que se están siguiendo criterios técnicos y legales para resolver los expedientes, y ha señalado como responsables de la demora el propio diseño del plan Moves, que ha calificado de "burocrático".

En otro tema, también se discutió una moción presentada por Vox sobre el uso de vestimenta islámica en espacios públicos, la cual fue rechazada sin apoyo de otros grupos. El PP trató de enmendarla, pero su propuesta para fortalecer la capacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue igualmente desestimada. Vox ha sido acusado de politicizar el debate y convertirlo en un espectáculo para redes sociales por algunos miembros de la Asamblea.

La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, se pronunció enérgicamente en contra de cualquier discurso que promueva la división entre ciudadanos, señalando a Vox como una amenaza para la seguridad pública. Desde el PSOE, Toñi Abenza cuestionó la propuesta de Vox, argumentando que las agresiones ya están penadas y defendió que la cultura y la convivencia deben promoverse a través de la educación y el entendimiento.

El Pleno también aprobó una moción del PP para apoyar a los trabajadores autónomos, que obtuvo el respaldo de PP y Vox, mientras PSOE y el Grupo Mixto votaron en contra. Mari Ángeles Román, del PP, subrayó el impacto negativo de la política fiscal del Gobierno central sobre los autónomos, pidiendo medidas de apoyo para evitar su ahogamiento financiero. Vox apoyó la moción, aunque la consideró insuficiente, advirtiendo que el Gobierno central ha hecho insostenible la vida de muchos trabajadores por cuenta propia.

Por otro lado, José Luis Álvarez-Castellanos, del Grupo Mixto, cuestionó las afirmaciones del PP sobre las ayudas, apuntando que muchas de ellas no se cumplen, y la socialista Virginia Lopo abogó por una cotización de ingresos reales, defendiendo que mejorar la situación de los autónomos requiere un enfoque más profundo.

En otro punto en la agenda, se debatió una moción del PSOE para conmemorar los 50 años de la democracia en España. La diputada Lola Jara elogió la transición democrática y la Constitución de 1978, mientras desde el PP se cuestionó la necesidad de dicha conmemoración, sugiriendo que es más urgente proteger las libertades actuales frente a los desafíos contemporáneos del Gobierno central.

La Cámara también rechazó una propuesta del PP para eliminar de manera temporal el IVA de ciertos alimentos esenciales, como la carne de pollo y los huevos, que había sido defendida como una medida necesaria ante el aumento de precios. Vox propuso una enmienda más ambiciosa, enfocándose en cómo los altos costos han impactado a la clase media. En respuesta, el diputado del PSOE, Pedro López, argumentó que la reducción del IVA no garantiza una disminución en el precio final y que se requieren reformas estructurales que beneficien a la población en general.