MURCIA, 19 de noviembre. En un movimiento significativo hacia la modernización de la normativa regional, la comunidad de Murcia se encuentra en proceso de implementar una nueva ley de Infancia que sustituirá a la anterior, establecida en 1995. Esta iniciativa se ha promovido con el objetivo de "proteger a los menores frente al acoso escolar, los problemas de salud mental y la carencia de competencias digitales", tal como se ha informado en una reciente comunicación oficial.

El avance de esta legislación se ha acelerado tras la finalización de un proceso participativo en el que han colaborado diversas entidades, organismos y agentes comprometidos con la protección de los menores, quienes han aportado sus visiones y sugerencias. La nueva ley busca abordar los complejos y actuales escenarios de vulnerabilidad que afectan a la infancia, incluyendo situaciones como la pobreza infantil, el bullying, el deterioro de la salud mental entre los jóvenes, la diversidad cultural, y el acceso a una educación de calidad, además de la necesidad de una adecuada alfabetización digital y tecnológica.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, expuso estos lineamientos durante la Jornada 'Derechos, calidad de vida y atención a la infancia', organizada por el Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia, en el marco del Día Mundial de la Infancia. En su intervención, Ruiz subrayó que "la necesidad de desarrollar una nueva normativa en la Región se fundamenta en la importancia de centrar todas las actuaciones en el bienestar del menor, adaptándose a las nuevas situaciones de riesgo que pueden afectar su desarrollo". Dentro de este marco, se prevén medidas proactivas que favorezcan un entorno seguro y feliz para la infancia y la adolescencia.

En esta nueva normativa se observa un cambio significativo en la perspectiva de los derechos infantiles, ya que, por primera vez, los niños y niñas son considerados no solo como sujetos de protección, sino también como individuos cuyos derechos necesitan ser reconocidos. Esto, según Ruiz, se alinea con las directrices establecidas por la normativa europea y estatal en la protección de la infancia.

Durante el proceso participativo que ha guiado el desarrollo de esta ley, la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación ha incluido a un grupo representativo de niños, niñas y adolescentes de la región, lo que permite conocer de cerca sus inquietudes y propuestas, con el fin de establecer un entorno protector que se ajuste a sus necesidades.

La consejera ha resaltado la importancia de la colaboración entre todas las administraciones y entidades para asegurar que la nueva ley tenga un enfoque integral e interdisciplinar, promoviendo el respeto a los derechos de los menores y el acceso a espacios seguros donde puedan expresarse y desarrollarse adecuadamente.

La situación demográfica en la Región de Murcia revela que la población infantil alcanza un 13,6 por ciento, un porcentaje que supera la media nacional del 11,5 por ciento. Este dato subraya la necesidad de intensificar los esfuerzos para cubrir las necesidades básicas de atención, tales como alimentación, higiene, salud, vivienda y educación.

La lucha contra la pobreza infantil se ha convertido en uno de los retos más significativos en la actualidad, tal y como indicó la consejera Ruiz, quien mencionó que el Gobierno regional ha implementado medidas robustas que han requerido una inversión social cercana a los 37 millones de euros. Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024, estas iniciativas están comenzando a mostrar resultados positivos, ya que la tasa de pobreza infantil ha disminuido del 41,4 por ciento en 2022 al 38,8 por ciento en 2023.

Otro de los logros destacados por la consejera es la disponibilidad de atención temprana gratuita, que cuenta con un presupuesto de más de 23 millones de euros. Esta red de centros especializados se ha duplicado, alcanzando ahora un total de 62 lugares de atención, lo que ha permitido ofrecer servicios a cerca de 4.000 menores adicionales que previamente no contaban con este apoyo.

Además, se ha extendido la cobertura de servicios a municipios donde anteriormente no se ofrecían, como Alguazas y Calasparra. Ruiz enfatizó que "una infancia feliz requiere también un entorno libre de violencia", y, para ello, se han capacitado a más de 9.800 profesionales como agentes notificadores, quienes estarán encargados de identificar indicios de maltrato y proporcionar una respuesta más rápida y directa ante tales situaciones.

La comunidad también está promoviendo el papel fundamental de la familia en la educación y cuidado de los menores, a través de diversas iniciativas, entre las cuales se incluye la creación de la Red Territorial de Atención a Familias, que tiene como objetivo prevenir y proteger a los menores en riesgo de desamparo. Este enfoque integral es esencial para asegurar que los derechos de los niños sean atendidos de manera adecuada en cada circunstancia.