El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido en la Asamblea Regional que todos los fondos europeos destinados a la vivienda en la región se están gestionando adecuadamente. Durante una reciente sesión de control, señaló que, en el marco de la elaboración del nuevo proyecto de Ley de Vivienda Asequible, la Consejería de Fomento comenzará a dialogar con diversos grupos parlamentarios y sectores involucrados para recoger ideas que favorezcan, en particular, a los jóvenes.

Esta declaración se produjo en respuesta a la diputada socialista Carmina Fernández, quien acusó al Gobierno regional de malgastar los recursos de la Unión Europea y describió su gestión como un "agujero negro" de ineficacia y propaganda. Fernández criticó que de las 566 viviendas asequibles prometidas a Bruselas, solo cinco están en proceso de construcción, lo que podría resultar en la obligación de devolver más de 20 millones de euros a la UE.

La diputada también remarcó la escasez de vivienda social en la región, subrayando que en la última década solo se han promovido 23 viviendas de promoción pública y que en los últimos cinco años no se ha autorizado ninguna vivienda protegida, a diferencia del notable incremento del 95% de autorizaciones a nivel nacional en el último año.

Además, Fernández cuestionó el fracaso del decreto ley 3/2025 sobre vivienda asequible, que fue rechazado por la mayoría de la Cámara, así como la reprogramación de siete millones de euros de fondos europeos para unas cantidades muy limitadas de vivienda, calificando esta acción como una "miseria".

En su defensa, López Miras encontró irónico que el PSOE plantee interrogantes sobre los fondos europeos precisamente en el momento en que se informa que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende renunciar a 60.000 millones de euros. Insistió en que todos los fondos para vivienda están siendo tramitados y recordó que la Región ha recibido 532 euros por habitante.

El presidente también criticó al Gobierno central por no haber ejecutado recursos ya comprometidos y por el escaso aumento del parque público de alquiler social. Además, cuestionó el cumplimiento de las promesas de construcción de nuevas viviendas ejecutadas por el Ejecutivo socialista.

Respecto al Plan Industrial de la Región de Murcia, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, destacó que el gobierno autonómico ha dado un paso clave con la creación de este documento, el cual considera fundamental para transformar el modelo productivo y fortalecer la industria como motor de empleo y crecimiento económico.

Segado contextualizó la importancia del plan en un ambiente político adverso, aludiendo a lo que consideró como "oposición antinatura" por parte del PSOE y Vox, quienes, según él, obstaculizan iniciativas en lugar de colaborar. También mencionó casos de corrupción relacionados con el equipo socialista.

López Miras respondió que la situación actual impuesta por el Gobierno de España dificulta centrarse en los asuntos importantes, aunque defendió que la economía regional se mantiene en buen estado, destacando que Murcia ha sido la comunidad con mayor crecimiento en el país en 2024, alcanzando un 4,5% de incremento, un punto por encima de la media nacional.

Asimismo, destacó que las exportaciones se acercan al 40% y que, por primera vez, la Comunidad ha superado los 700.000 afiliados a la Seguridad Social, presentando cifras de desempleo que no se veían en los últimos dieciocho años.

Estas cifras, según López Miras, no solo reflejan un buen panorama macroeconómico, sino que también tienen un impacto en la economía familiar, siendo fruto de un sólido tejido industrial, la labor de emprendedores y un ecosistema gubernamental que favorece la reducción de impuestos y la burocracia.

El presidente insistió en que la Región de Murcia es igualmente un centro industrial activo, con 32.000 entidades en el sector y más de 6.500 empresas. También mencionó la colaboración con el centro de FP de FREMM y el mapa de cualificaciones como parte esencial del Plan Industrial en un momento en que la Ley de Industria nacional parece encontrarse en la incertidumbre.

En lo que respecta a la seguridad en festividades y mercados navideños, el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, expresó su preocupación por el aumento de la criminalidad, que, según él, ha crecido un 63% en el último trimestre. Antelo asoció esta situación con las políticas migratorias del Gobierno y exigió medidas concretas para garantizar la seguridad en estos eventos.

López Miras reconoció la preocupación por la seguridad, pero recordó que es competencia exclusiva del Gobierno central, subrayando que las autoridades responsables son el Ministerio del Interior y las delegaciones gubernamentales. Abogó por la cooperación en la solicitud de más fuerzas de seguridad y la ejecución de infraestructuras planificadas.

En este sentido, destacó la estrategia "Región de Murcia más segura", con un presupuesto de más de 120 millones de euros, que contempla la incorporación de más de 3.000 policías locales y la modernización de comisarías para mejorar la respuesta ante la delincuencia.

Finalmente, en otro asunto, la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, planteó interrogantes sobre las medidas para reforzar la seguridad contra incendios en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, recordando un incendio ocurrió en 2015. Marín expresó su frustración por la falta de acción durante una década para reemplazar la cubierta inflamable, poniendo en peligro a miles de usuarios y profesionales sanitarios.

López Miras replicó que, a diferencia de la oposición, el Gobierno se basa en evidencia técnica en sus decisiones. Aclaró que, tras el incendio de 2015, se realizó un informe técnico que determinó que los materiales de construcción cumplían con la normativa vigente y se implementaron mejoras en los sistemas de seguridad del centro tras el incidente.

El presidente también reconoció la labor excepcional del personal sanitario y de emergencia que gestionó la evacuación de pacientes durante el suceso, reiterando que las decisiones del Ejecutivo se fundamentan en criterios técnicos y no en narrativas políticas.