En una reciente comparecencia ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha señalado que la complicada situación financiera que afronta la Comunidad Autónoma de Murcia se debe, en gran parte, a un sistema de financiación que él califica de "injusto y desactualizado".

Durante su intervención, el consejero Marín presentó las cuentas generales de la Comunidad de los años 2018 y 2019, advirtiendo que la falta de financiación adecuada está afectando negativamente la vida cotidiana de los murcianos. Su argumentación se fundamenta en datos que revelan cómo la infrafinanciación ha sido un obstáculo constante para el desarrollo y bienestar de la región.

En particular, Marín citó cifras proporcionadas por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), destacando que en 2018 cada ciudadano de la Región recibió 2.529 euros, lo que constituye una diferencia de 617 euros respecto a los habitantes de la comunidad autónoma más beneficiada. Para el año 2019, la cifra aumentó a 2.629 euros por habitante, lo que sigue representando un déficit de 692 euros ante la misma comunidad más financiada.

El consejero explicó que, en 2018, la Comunidad recibió casi 1.000 millones de euros menos que la comunidad con mejor financiación, y que en ese año se asignaron 4.544 millones de euros al presupuesto general, de los cuales 1.848 millones estaban destinados a Salud. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el informe del Tribunal de Cuentas reveló un déficit de 422 millones de euros. Marín afirmó que si la Región recibiera lo que corresponde según la media autonómica, la situación sería diferente, arrojando un superávit presupuestario de más de 170 millones de euros.

En este contexto, el consejero enfatizó la necesidad de establecer un sistema de financiación que sea justo y equitativo, reiterando que el Gobierno regional ha estado reclamando este cambio de manera persistente. Marín también criticó a los partidos opositores, afirmando que todos, con excepción del Partido Popular, votaron en contra de la creación de un fondo transitorio que podría haber ayudado a mitigar la grave situación que enfrentan los murcianos.

Adicionalmente, el consejero hizo hincapié en la presión que enfrenta el Servicio Murciano de Salud, destacando que desde 2022, los gastos en atención sanitaria han sido crecientes, respuesta a una necesidad urgente para mejorar la calidad asistencial. Sostuvo que la sostenibilidad de los gastos es una prioridad, así como el compromiso constante con la salud pública.

Marín también admitió que el incremento de los gastos sanitarios está superando al PIB autonómico, un fenómeno que, según él, es común en todas las comunidades autónomas. Aseguró que el modelo actual de financiación no ha logrado proporcionar los ingresos necesarios para enfrentar los desafíos económicos que presenta cada región.

Sin embargo, las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios evidenciaron una fuerte controversia entorno a la gestión de las cuentas. La diputada socialista Carmina Fernández cuestionó la comparecencia de Marín, sugiriendo que en lugar de abordar los problemas de financiación, debería rendir cuentas sobre la gestión del dinero público en 2018 y 2019. Para ella, la falta de control va acompañada de mentiras y despilfarro en el manejo de los recursos.

Fernández detalló que, en su opinión, los datos presentados por el consejero eran selectivos, afirmando que estos no reflejaban la realidad financiera de la región ni los reales montos recibidos, y acusó al Gobierno de agravar la deuda y el déficit más allá de lo que habría sido si hubieran tenido un financiamiento acorde a la media autonómica.

Por su parte, Rubén Martínez de VOX criticó la falta de planificación a largo plazo en las cuentas presentadas, citando advertencias del AIREF sobre la tendencia del Gobierno regional a ignorar dicha planificación. Martínez señaló que las cuentas elaboradas suelen buscar presentar un resultado positivo, sujeta a posteriores ajustes por el Tribunal de Cuentas.

En el grupo mixto, el diputado de Podemos, Víctor Egío, argumentó que sería posible alcanzar una financiación similar a la media, o al menos compensarla, si se solucionaran los problemas de gestión del Gobierno. Hizo referencia a escándalos financieros previos, como el del aeropuerto de Corvera y la desaladora de Escombreras, y exigió que se presenten presupuestos más realistas.

Finalmente, el diputado del PP, Carlos Albaladejo, instó a los grupos de oposición a reconocer el trato discriminatorio que afectan a los ciudadanos de Murcia en comparación con el resto de comunidades. Recordó que la ministra de Hacienda admitió que no hay justificación para las diferencias exorbitantes en financiación entre las comunidades, insistiendo en que es esencial combatir esta situación y demandar una financiación justa para todos los murcianos.