La Consejería de Política Social de la Región de Murcia ha hecho un llamado al Gobierno de España para que actúe con mayor claridad en relación a los planes que tiene para el Hospital Naval de Cartagena, en especial en lo que respecta a la situación de los menores migrantes no acompañados.

En una declaración reciente, la consejera Conchita Ruiz ha revelado que la cantidad de estos menores que están bajo la responsabilidad de la Región supera en un 220% la capacidad actual de los recursos disponibles.

Ruiz se pronunció ante los medios de comunicación respecto a las exigencias del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que ha establecido un plazo hasta el 31 de marzo para que las comunidades autónomas informen sobre el número de menores que tienen en acogida.

La consejera ha solicitado que se espere hasta que se obtenga el informe necesario para cumplir con la demanda del Ministerio, indicando que se están realizando los cálculos pertinentes para presentar esta información de manera adecuada. “Una vez que tengamos el documento listo, lo haremos público”, aseguró.

Ruiz enfatizó que la situación actual ha superado en un 220% la capacidad que posee la Región de Murcia para gestionar el acogimiento de estos menores.

Además, en relación a la posibilidad de que el Gobierno español amplíe la capacidad del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en el Hospital Naval, la consejera advirtió que esto podría señalar una nueva falta de transparencia en las políticas migratorias.

La crítica hacia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no es nueva, ya que la administración murciana ha denunciado la falta de información acerca de los planes para el campamento en el Hospital Naval, que, en un principio, se había establecido como temporal.

Según Ruiz, es fundamental recibir información clara y precisa sobre las intenciones del Gobierno central con respecto a este campamento, que se había indicado como una medida provisional. Sin embargo, las acciones hasta ahora parecen indicar que se busca convertirlo en una solución permanente, incrementando el número de plazas disponibles.

La consejera también expuso su preocupación por la escasa claridad en la comunicación entre las distintas administraciones, que, según ella, debería ser colaborativa para brindar la mejor atención a los migrantes que llegan al país.

Finalmente, Ruiz recordó que, de acuerdo con la información proporcionada por el Ayuntamiento de Cartagena y la Administración regional, la instalación no cumple con las normativas necesarias para atender adecuadamente a los migrantes, y subrayó la obligación del Gobierno central de actuar con responsabilidad y lealtad institucional, manteniendo informadas a las autoridades locales y regionales.