El PSOE ha levantado la voz en el Pleno de la Asamblea Regional, denunciando que el Tribunal de Cuentas (TC) ha identificado "una irregularidad contable de 4.300 millones de euros" en la gestión financiera de la Comunidad Autónoma durante el periodo 2013-2021. Ante esta situación, el partido socialista ha manifestado su intención de solicitar la reprobación del consejero de Hacienda por lo que consideran una "desastrosa administración" de los recursos públicos. A pesar de estas críticas, la Asamblea ha ratificado los tres puntos del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto a través de votaciones separadas.

El portavoz del PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha señalado que su partido ha optado por rechazar los dos primeros puntos del dictamen, debido a lo que consideran una clara "responsabilidad política" atribuible a la gestión del Partido Popular (PP).

Martínez Baños ha expuesto también que la Comunidad arrastra un déficit que supera los 5.000 millones de euros, un remanente de tesorería que está "inflado" y diversos desajustes en el Servicio Murciano de Salud y la desaladora de Escombreras. Sin embargo, el PSOE ha respaldado el tercer punto del dictamen, ya que incluye 21 medidas destinadas a subsanar las fallas detectadas y a fortalecer el control parlamentario.

Vox, por su lado, ha decidido abstenerse en la votación de las cuentas de 2013 y 2014 "en respeto a las legislaturas pasadas", pero ha apoyado la aprobación de los demás puntos. El diputado Rubén Martínez Alpañez destacó que "la vergüenza de no aprobar las cuentas desde 2013 ya la hemos dejado atrás gracias a Vox", subrayando que sin su intervención estas cuentas no habrían sido sometidas a votación en el Pleno.

El diputado ha calificado los informes revisados como documentos que "ningún experto en economía podría leer sin sonrojarse", y ha criticado al PP por llevar a cabo una gestión llena de "errores y manipulaciones contables". No obstante, hizo también hincapié en el "respeto y la unanimidad" que han mostrado los grupos en el trabajo realizado por la ponencia.

Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha decidido respaldar únicamente el tercer punto, resaltando que la modificación del reglamento para que las cuentas se presenten en el Pleno en un plazo máximo de un año "es un avance fundamental".

Sin embargo, ha rechazado los otros puntos, argumentando que las cuentas contienen "una cantidad inaceptable de salvedades" y ha advertido que los informes futuros, como el del SMS en 2022, evidencian que "no hay un genuino propósito de mejora". Para él, la continuidad de presupuestos "no alineados con el gasto real" exacerba la deuda y perpetúa los mismos errores en cada ejercicio.

El diputado del PP, Carlos Albaladejo, ha defendido que decidir si aprobar o no las cuentas en la Asamblea "no tiene consecuencias legales" y considera que el dictamen elaborado por la oposición está "sesgado, subjetivo e interesado".

Según Albaladejo, PSOE, Vox y Grupo Mixto han desarrollado un texto "concebido para generar un titular que indique el rechazo de la Asamblea a las cuentas", al mismo tiempo que ha afirmado que el Tribunal de Cuentas indica que se han logrado progresos, sobre todo en el sector sanitario.

El diputado popular también ha subrayado que la falta de financiación autonómica es la raíz del dilema económico que enfrenta la región, recordando que se reciben "1.098 euros menos por habitante" en comparación con la comunidad mejor financiada.

Además, la Asamblea ha aprobado la creación de una comisión especial de investigación sobre la fallida liquidación por daños y perjuicios relacionada con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, a iniciativa de Vox.

El diputado Ignacio Arcas ha señalado que tras casi 20 años desde la colocación de la primera piedra, el aeropuerto sigue siendo una fuente de problemas y ha estimado que la Comunidad podría asumir un costo superior a los 400 millones de euros, que incluye un aval de 160 millones, la liquidación por daños y perjuicios, y las más recientes sentencias desfavorables.

Arcas ha criticado al PP, que durante años aseguró que la construcción del aeropuerto "no costaría ni un euro a los murcianos", denunciando que la liquidación contra la antigua concesionaria Aeromur fue anulada por caducidad y que una nueva sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid condena a la Comunidad a pagar 143 millones de euros más intereses. El PSOE y el Grupo Mixto han apoyado la creación de la nueva comisión.

Alfonso Martínez Baños, del PSOE, ha calificado la situación de Corvera como "uno de los más grandes engaños políticos" del gobierno regional, recordando que no se han cumplido las proyecciones de empleo ni de pasajeros, y ha manifestado que la oposición aún desconoce las razones por las que se desestimó un posible acuerdo extrajudicial previo a la última sentencia.

Álvarez-Castellanos ha insistido en que "hay mucho que esclarecer", particularmente en cuanto a las decisiones políticas y el proceso de concurso de acreedores de Aeromur.

El 'popular' Víctor Martínez Carrasco ha considerado "prematuro" hablar de liquidación fallida antes de contar con una sentencia definitiva, describiendo la comisión como "un teatro innecesario", y defendiendo que la Comunidad con su actuación ha sido "rigorosa" y que el aeropuerto es "una obra estratégica y en el camino correcto".

En otro tema, el Pleno ha aprobado una iniciativa del Grupo Mixto que busca establecer distancias mínimas entre los salones de apuestas y los centros educativos. La diputada María Marín ha destacado que esta propuesta responde a reclamos de diversas AMPAS que han denunciado la proximidad de casas de apuestas "a solo diez metros de un instituto y a cien de un colegio".

Marín ha enfatizado que los apartados aprobados tienen como finalidad establecer distancias mínimas y regular la instalación de locales de juego alrededor de las escuelas, mencionando que la Región tiene tasas de juego juvenil "más del doble de la media nacional".

La diputada ha agregado que el reciente respaldo del Tribunal de Justicia de la UE a la ley valenciana que establece distancias de hasta 850 metros demuestra que este tipo de restricciones "son viables dentro del marco del derecho europeo", lo que significa que el Gobierno regional "ya no tiene excusas" para no implementar regulaciones.

El PSOE ha apoyado los puntos aprobados, añadiendo una enmienda que fue aceptada por el Grupo Mixto. El socialista Andrés Torres ha alertado que el 18% de los jóvenes de la Región ha ingresado en locales de apuestas, y que un 56% ha estado expuesto al juego antes de cumplir 18 años, citando un estudio realizado por la Universidad de Murcia que sitúa la edad de inicio en 14,7 años.

Torres ha criticado al Gobierno regional, señalando que la Región es "la única comunidad autónoma que no cuenta con legislación específica sobre distancias" entre centros educativos y casas de apuestas, a pesar de haber prometido un decreto desde 2018. Vox ha apoyado ciertas partes de los puntos aprobados, aunque ha instado a concentrar los esfuerzos en abordar el problema del juego online, que consideran el "verdadero problema para los jóvenes".

El diputado Pascual Salvador ha recordado que no se han concedido nuevas licencias para salones presenciales desde 2018 y ha pedido la publicación del pendiente Libro Blanco del Juego, con el objetivo de reforzar los controles y actualizar la normativa.

Por otro lado, el PP ha defendido que el Gobierno de Fernando López Miras ha actuado "con firmeza", recordando que no se han autorizado nuevas licencias en los últimos siete años y que se han aumentado las inspecciones y sanciones.

Sin embargo, la oposición ha criticado que estas medidas no han estado acompañadas por la necesaria regulación de distancias, a pesar de que el Consejo Jurídico ya había resaltado la necesidad de aplicarlas en la renovación de licencias.