La Región de Murcia ha visto un notable incremento en el número de demandas de disolución matrimonial, con un total de 3.293 casos instalados en 2024. Esta cifra representa un aumento del 3,9% en comparación con el año anterior, según los datos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado a conocer recientemente.

De acuerdo con el último informe, las solicitudes de divorcio consensuado alcanzaron las 1.646, lo que equivale a un incremento del 1,5% respecto al año 2023. En contraste, los divorcios no consensuados experimentaron un crecimiento más pronunciado, llegando a 1.505, lo que se traduce en un aumento del 4% en ese mismo periodo.

Además de los divorcios, también ha habido un incremento en el número de separaciones matrimoniales en la región. Las separaciones no consensuadas totalizaron 45, lo que supone un aumento significativo del 21,6%, mientras que las consensuadas se elevaron a 94, lo que representa un asombroso crecimiento del 44,6%. En cuanto a las nulidades matrimoniales, se registraron tres en 2024, frente a solo una en 2023.

Al analizar el impacto de estas demandas en relación a la población de España, se observa que, a fecha del 1 de enero de 2024, se produjeron 199 demandas de disolución por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en la Región de Murcia la cifra fue notablemente más alta, alcanzando los 212,3, situándose así como la cuarta más elevada del país.

Las únicas comunidades que superaron a Murcia en este índice fueron Canarias, con 236,4 demandas; la Comunidad Valenciana, con 221,9; y Baleares, que llegó a 219,9. Detrás de la Región de Murcia se hallan Andalucía, con 211,6, La Rioja, con 206,7, y Castilla-La Mancha, con 204,6. Por otro lado, varias comunidades, como Galicia y Navarra, se encontraron por debajo de la media nacional, evidenciando así una diferencia notable en la tasa de disoluciones.

En el ámbito de las modificaciones de medidas, se presentó un total de 3.645 solicitudes en 2024, lo que indica un aumento del 6,9% en comparación con el año anterior. Dentro de este contexto, las demandas consensuadas crecieron un 6,7%, mientras que las no consensuadas, que sumaron 2.385, vieron un incremento del 6,3%. Este panorama pone de manifiesto una mayor actividad en los tribunales en cuestiones familiares en la región.