MURCIA, 19 de junio. En una notable solicitud de rendición de cuentas, el Gobierno regional ha reclamado explicaciones al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) después de que un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) revelara un presunto desvío de más de 500.000 euros en comisiones ilegales relacionadas con el soterramiento del AVE en la región.

El secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, José Francisco Lajara, participó hoy de forma telemática en la Junta de Accionistas de la sociedad Murcia Alta Velocidad (MAV), donde demandó a Adif la presentación de informes técnicos que aclaren si estas comisiones indebidas podrían haber impactado la calidad de los materiales utilizados o incrementado injustificadamente los costos de las obras.

Lajara también ha solicitado de manera urgente la convocatoria del Consejo de Administración de MAV, con el fin de que Adif ofrezca las aclaraciones necesarias frente a esta grave situación que involucra obras financiadas con recursos públicos.

El secretario general ha expresado su preocupación señalando que “el dinero que, según la UCO, fue repartido en comisiones ilegales por una trama corrupta relacionada con exdirigentes socialistas como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, proviene de los impuestos de los ciudadanos murcianos. Este dinero ha sido sustraído a los murcianos”.

Desde 2019, la Comunidad Autónoma ha contribuido a la sociedad MAV con cerca de 144 millones de euros, lo que equivale al 26% del costo total del soterramiento, según el acuerdo firmado con Adif y el Ayuntamiento de Murcia.

Además, Lajara ha señalado que este año se ha autorizado otra aportación regional, que corresponde al año 2025 y que ascenderá a 26 millones de euros. Por tanto, ha exigido total transparencia y colaboración para esclarecer lo sucedido.

En un tono contundente, Lajara ha denunciado que “quienes han estado robando a los españoles son funcionarios designados por Pedro Sánchez en el Gobierno de España. La corrupción expuesta por la UCO no se puede justificar, y si el presidente no admite que es inadmisible que gente a la que él mismo nombró haya sido culpable de estos robos, está completamente desconectado de la realidad”.