Detenido un cazador furtivo y otro investigado por caza ilegal de ciervos en el Noroeste murciano

La Guardia Civil ha detenido a un cazador y ha investigado a otro como presuntos autores de delito contra la flora y la fauna por la caza ilegal de venados adultos en la comarca del Noroeste, en los términos de Caravaca de la Cruz y Moratalla. La actuación forma parte de la operación 'Puntas', desarrollada junto a agentes medioambientales de la Comunidad Autónoma.

La investigación comenzó hace unas semanas, cuando varios titulares cinegéticos alertaron de actuaciones de furtivismo durante la berrea, el periodo de celo del ciervo en el que los machos adultos emiten bramidos para atraer a las hembras. Según la Benemérita, la merma "significativa" de ejemplares de ciervos machos adultos motivó la coordinación entre ambos cuerpos para controlar y, en su caso, erradicar esta práctica ilegal.

El dispositivo incluyó una intensificación de los servicios nocturnos en la zona. Hace dos semanas, gracias a la colaboración ciudadana, la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Caravaca de la Cruz localizó a un cazador que acababa de abatir un ciervo macho adulto de catorce puntas a escasos metros de otros dos cazadores. Tras el disparo, huyó a zona de monte. A un kilómetro, los agentes hallaron un vehículo estacionado y una funda de rifle en el suelo, indicios que condujeron a su identificación y detención al no contar con autorización de ningún coto de la zona.

La semana pasada, una sociedad de cazadores de Caravaca de la Cruz denunció ante la Guardia Civil que otro cazador, al parecer furtivo, había difundido en una red social un vídeo en el que alardeaba de abatir un ciervo adulto macho de once puntas en un acotado de su propiedad, sin autorización. Tras reunir los indicios necesarios, la Guardia Civil ha instruido diligencias contra este segundo cazador como presunto autor de delito contra la flora y la fauna. Ambos han sido además denunciados por varias infracciones administrativas recogidas en la normativa de caza.

La Guardia Civil subraya que la colaboración de agentes medioambientales y de cazadores de la zona ha sido determinante para esclarecer los hechos. Los delitos de este tipo se castigan con penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, además de inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho de cazar o pescar de dos a cuatro años.