El día 17 de junio, la región de Murcia ha dado un paso importante al presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra del reciente Real Decreto-ley que establece el mecanismo para el reparto de menores migrantes no acompañados. Desde el Gobierno autonómico, se denuncia que este decreto ha sido impuesto de manera unilateral, afectando no solo a la Constitución, sino también al Estatuto de Autonomía de la región, al invadir áreas de competencia que corresponden a la protección de menores.

En su argumentación, tal como se ha manifestado en un comunicado oficial, sostienen que la cuestión de la infancia no puede ser tratada como un asunto exclusivo del Estado. Por lo tanto, el ejecutivo regional exige que cualquier política que se pretenda implementar en este ámbito debe ser acordada en colaboración con las comunidades autónomas, que comparten estas responsabilidades.

Desde la administración regional se observa que el Gobierno central ha decidido regular una cuestión que debería ser de competencia compartida, al no respetar el marco previsto para las comunidades autónomas en cuanto a la atención de menores no acompañados. Un informe jurídico presentado por la Comunidad resalta que la normativa vigente impone un modelo de atención y reparto de estos menores que excluye la participación de las comunidades, lo que representa una quiebra del principio de lealtad institucional.

El Gobierno de Murcia también ha señalado que las condiciones establecidas por el decreto afectan de forma directa a la autonomía competencial de la región, superando los límites previstos para la utilización del decreto-ley. Esto plantea dudas sobre la fundamentación que presenta el Gobierno central para justificar dicho uso normativo.

Un aspecto crítico que resalta la administración murciana es que la normativa estatal carece de garantías de financiación para cubrir los costos relacionados con la atención a estos menores, lo que tendría un impacto negativo en la autonomía financiera de la región. Se apunta que el modelo anterior ofrecía fondos específicos y un sistema de compensación que ahora se ve amenazado debido a la nueva regulación.

Por todas estas razones, el Ejecutivo regional concluye que el Real Decreto-ley 2/2025 representa una injerencia injustificada en sus competencias, además de perjudicar el equilibrio territorial en todo el Estado español.