En el municipio de Cieza, Murcia, un hombre ha sido sentenciado a 16 años de prisión tras ser hallado culpable de asesinar a su expareja y desechar su cuerpo en un pozo de seis metros de profundidad. La tragedia ocurrió en septiembre de 2023, y la decisión del juez marca un importante paso en el caso que ha conmocionado a la comunidad local.

El magistrado Álvaro Castaño dio a conocer el veredicto luego de que el jurado popular ratificara por unanimidad la culpabilidad del acusado en un juicio que comenzó recientemente en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia. Este caso ha atraído la atención pública, dado su carácter brutal y el sufrimiento que ha causado a la familia de la víctima.

En la segunda jornada del juicio, tanto la defensa como la acusación hicieron eco de las requirimientos del Ministerio Público, que había solicitado una pena de 15 años para un delito de homicidio agravado por parentesco, además de 12 meses por quebrantamiento de medida cautelar. Los detalles del ataque han sido devastadores, con informes que indican que el imputado golpeó a la mujer en múltiples ocasiones antes de deshacerse de su cuerpo en el pozo.

Los miembros del jurado, tras deliberar, consideraron que no había justificación alguna para solicitar un indulto o una reducción de la pena, lo que refleja el consenso sobre la gravedad de los actos cometidos por el acusado. La sentencia, por lo tanto, se enmarca en un contexto de firmeza ante delitos de este tipo, que afectan profundamente a la sociedad.

Además de la condena penal, el juez estipuló que el condenado debe abstenerse de residir o acercarse a Cieza y tampoco podrá comunicarse o acercarse a menos de 300 metros de los hermanos de la víctima. Este aspecto de la sentencia busca preservar la integridad emocional y física de la familia afectada.

El tribunal también ha establecido que el condenando deberá indemnizar económicamente a la familia de la víctima, lo que incluye 400.000 euros a su hija menor de edad y 200.000 euros a los hermanos de la fallecida. Este componente económico es fundamental para proporcionar a los afectados alguna medida de justicia, aunque no podrá sustituir la pérdida de su ser querido.