La Guardia Civil ha puesto en marcha un procedimiento judicial contra seis residentes de Mazarrón, en la región de Murcia, al ser considerados presuntos responsables de violaciones graves en materia de ordenación territorial, urbanismo y protección del patrimonio histórico y medioambiental. La acusación se centra en su implicación en la realización de obras en terrenos que están clasificados bajo un régimen de especial protección.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Benemérita iniciaron, a principios de este año, una operación denominada 'Hormigón', la cual consistió en una serie de inspecciones destinadas a identificar posibles construcciones ilegales en áreas protegidas. Así lo han informado fuentes del Instituto Armado en un comunicado oficial.

Durante su intervención en Mazarrón, los efectivos descubrieron seis obras en marcha localizadas en terrenos protegidos que carecían de la debida legalidad. Entre las edificaciones concernidas se encontraban una vivienda unifamiliar en proceso de construcción, la ampliación y reforma de otra, así como el acondicionamiento de un terreno que había sido vallado con la intención de establecer un camping. Adicionalmente, también se detectó el desmonte de una zona para el desarrollo de actividades agrícolas.

En otra de las propiedades inspeccionadas, se había llevado a cabo la extracción de áridos con el objeto de habilitar un camino, lo cual también se encuentra bajo sospecha de ser ilegal.

Todas estas construcciones se realizaban en suelos catalogados como de especial protección, con diversas restricciones que incluyen la consideración de Bienes de Interés Cultural (BIC), normativas paisajísticas relacionadas con el litoral y protecciones arqueológicas, así como regulaciones vinculadas a riesgos mineros, entre otras.

Cabe destacar que ninguna de estas obras posee posibilidades de regularización. Tales actuaciones son consideradas infracciones muy graves bajo la ley 13/2015, del 30 de marzo, que regula la Ordenación Territorial y Urbanística en la Región de Murcia.

Las investigaciones revelaron que estas obras comprometían la integridad del suelo y rompían la normativa urbanística vigente. Según los informes técnicos, los terrenos donde se estaban llevando a cabo las reformas resultan incompatibles con el planeamiento según el Plan General Municipal de Ordenación.

Es importante mencionar que el Código Penal, en sus artículos 319 y 320, establece sanciones que van desde un año y seis meses hasta cuatro años de prisión por delitos relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo. Si los beneficios obtenidos superan ciertos umbrales, se podrían imponer multas que alcancen hasta el triple de dichos beneficios, además de posibles inhabilitaciones profesionales entre uno y cuatro años.