El juez del Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier ha tomado la decisión de habilitar el juicio oral para 15 individuos, quienes enfrentan serias acusaciones que incluyen asociación ilícita, negociaciones prohibidas, cohecho, falsedad en documento público, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales. Estas acusaciones están vinculadas a la adjudicación de proyectos urbanísticos y parcelas del municipio, según la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

En la fase final de la investigación, el fiscal presentó un escrito de acusación en el cual solicita un total de 20 años de prisión para M.A.F., el principal acusado en este caso. Además, se exige el pago de una multa que supera los 800.000 euros y penas de inhabilitación que podrían alcanzar hasta los 27 años. Tanto la acusación popular como la presentada por el Ayuntamiento de Los Alcázares apoyan estas demandas.

Por otro lado, las acusaciones no se limitan a M.A.F.; también incluyen a personas como el exalcalde J.E.S., empresarios y otros asociados de los funcionarios implicados. Las tres partes acusadoras han manifestado su intención de reclamar la responsabilidad civil relativa a los delitos, destacando que la acusación pública exige que se indemnize al Ayuntamiento de Los Alcázares con un total de 3,7 millones de euros.

Se ha estipulado, en este contexto, que la empresa Garcerán Construcciones SL y dos de sus responsables deberán presentar una fianza de 4,9 millones de euros, siendo M.A.F. responsable solidario de esta cantidad. Además, el exalcalde J.E.S. y A.M.Z. deberán afrontar hasta 246.495 euros. A su vez, se requiere una fianza de 1,3 millones de euros de parte de J.I.A.F., I.C.E. y las empresas Dorma Golf SL e Ilka Baley SL para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran sancionarse. Según la Ley de Enjuiciamiento, si no se cumplen estas fianzas, se procederá al embargo de los bienes correspondientes.

El juez ha decidido que algunos acusados, como J.I.A.F., J.A.R.N., V.G.R., F.J.G.G., M.A.F. y J.E.S., continúen con la obligación de comparecer ante el juzgado. Sin embargo, debido a que no ha habido incumplimiento de esta medida cautelar durante el tiempo transcurrido, la frecuencia de estas comparecencias se reduce de dos veces al mes a una cada dos meses.

El auto judicial, conforme a las penas solicitadas, designa a la Audiencia Provincial de Murcia como el órgano encargado de llevar a cabo el juicio y dictar el fallo correspondiente.

Finalmente, se ha decidido levantar las medidas civiles en relación a aquellos acusados que no enfrentan responsabilidad civil. Una vez que las actuaciones sean notificadas a los acusados, tendrán un plazo de 10 días para presentar su conformidad o disconformidad con la acusación, junto con las pruebas que pretendan utilizar.

Cabe destacar que contra este auto no caben recursos, lo que enfatiza la decisión del juez en este sofisticado asunto judicial.