La región de Murcia ha implementado una nueva estrategia para la evaluación de la discapacidad, priorizando casos urgentes mediante informes o trámites telemáticos. Esta iniciativa, aprobada en una resolución publicada a finales de julio, responde a la necesidad de atender de forma más eficaz a individuos con problemas de salud complejos o situaciones de emergencia social.

De acuerdo con esta normativa, se identifican criterios específicos para clasificar como prioritarios ciertos casos, como aquellos de personas con enfermedades terminales, tratamientos paliativos, o aquellas que sufran de graves trastornos de salud mental o condiciones irreversibles como la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Este enfoque busca acelerar la respuesta a las necesidades urgentes de estas personas, asegurando que reciban la atención que requieren sin dilación.

Asimismo, se ha señalado que aquellos que presentan un Trastorno del Espectro Autista de grado 2 o 3, así como personas con un grado 3 de dependencia o considerados grandes dependientes, tendrán un trato preferencial. También se incluirá a niños de 0 a 6 años que requieran servicios de Atención Temprana al momento de realizar la solicitud.

La normativa también se extiende a aquellas personas en situación de emergencia social, con un enfoque particular en mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otros grupos vulnerables que necesiten una evaluación para facilitar su integración social y laboral. Para ello, se requerirán documentos de respaldo, ya sean informes médicos o de los servicios sociales pertinentes.

La resolución establece que, sin importar el tipo de evaluación solicitada, los casos se tramitarán en orden de llegada, a menos que se clasifiquen como prioritarios. Esto buscará mantener una organización en el proceso de evaluación y asegurar que las situaciones críticas sean atendidas de manera oportuna.

Este cambio forma parte de un conjunto de medidas impulsadas por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, con el objetivo de simplificar la forma en que se reconoce la dependencia y se accede a los diferentes servicios públicos. Entre las acciones propuestas, se incluye la creación de pasarelas que faciliten el reconocimiento automático de la discapacidad para aquellos con grado de dependencia.

Por otro lado, se llevará a cabo un refuerzo en los equipos encargados de realizar estas valoraciones, así como una capacitación de los profesionales de los Servicios Sociales municipales para que puedan gestionar las solicitudes de forma más eficiente. Todo ello con la intención de ofrecer una atención más directa y inmediata a los ciudadanos.

La colaboración entre la Consejería de Política Social y el Servicio Murciano de Salud también se destaca en este nuevo enfoque, con el propósito de identificar y dar prioridad a los casos más graves de manera rápida y efectiva.