Lorca interviene 2.350 litros de gasolina destinados a narcolanchas y detiene a un hombre

La Policía Local de Lorca ha detenido a un hombre con antecedentes por hechos similares y ha intervenido unos 2.350 litros de gasolina almacenados en una furgoneta de alquiler. Según el Consistorio, el combustible estaba destinado presuntamente a abastecer narcolanchas. El arrestado está investigado por un presunto delito de depósito de sustancias inflamables.

La intervención se produjo en la madrugada del pasado domingo, en la pedanía de Purias. Los agentes de la UDIP y del GISC detectaron una furgoneta aparcada en la parte trasera de una gasolinera, en dirección Águilas-Lorca, y percibieron un fuerte olor a combustible. Tras establecer un dispositivo de vigilancia, observaron la llegada de otro vehículo y la maniobra de un hombre que subió a la furgoneta para marcharse. Al darle el alto, intentó huir a pie, pero fue interceptado a unos 800 metros.

En el interior del vehículo se hallaron 94 garrafas de combustible. El volumen y la forma de almacenamiento apuntan a una logística organizada, más propia de un suministro recurrente que de un uso particular. El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, dio cuenta de la operación.

Esta actuación se enmarca en una realidad que preocupa a las administraciones del litoral mediterráneo: el uso de embarcaciones rápidas para el transporte de droga y la necesidad de combustible sin control en tierra. La Región de Murcia ha visto en los últimos años cómo las redes de narcotráfico buscan puntos de abastecimiento discretos, lejos de la costa, lo que obliga a las policías locales a ampliar su vigilancia más allá de su ámbito tradicional.

El caso también muestra la coordinación entre policía local y cuerpos estatales. Durante la misma operación en Purias, la Policía Local utilizó seguimiento aéreo con drones para interceptar a dos sospechosos de robo de baterías en Cañada Morales, recuperando el material sustraído cerca de Ortega Melgares. Las diligencias han sido trasladadas a la Guardia Civil, que continuará la investigación judicial.

Las implicaciones son claras: la capacidad de los municipios para detectar actividades ilícitas depende cada vez más de la vigilancia tecnológica y del trabajo conjunto con otras fuerzas. Queda por ver si la investigación permite identificar a quienes encargaron el combustible y si existen más puntos de abastecimiento en la zona, un asunto que previsiblemente seguirá en la agenda de seguridad del municipio.