Murcia amplía en 1.646 plazas residenciales para mayores y discapacidad con 18,5 millones
Murcia ampliará en 1.646 plazas residenciales para mayores y discapacitados con 18,5 millones, reduciendo listas de espera y fortaleciendo la atención social.
El Gobierno regional de Murcia ha aprobado la ampliación de 1.646 plazas en residencias y centros de día destinados a personas mayores y con discapacidad. La inversión adicional alcanza los 18,5 millones de euros anuales, con el objetivo de reducir significativamente las listas de espera y mejorar la atención social.
Este incremento forma parte de un plan estratégico de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, en un contexto de aumento progresivo de la demanda de recursos asistenciales. La medida responde a la necesidad de fortalecer la red de apoyo, en un momento en que el envejecimiento poblacional y la inclusión social son prioridades políticas en la comunidad autónoma.
La ampliación de plazas contempla una inversión de 10 millones de euros para 976 nuevas plazas para personas mayores, distribuidas en residencias, centros de día y servicios de promoción de la autonomía. Además, se destinarán 8,5 millones a la incorporación de 670 plazas para personas con discapacidad en diferentes recursos asistenciales.
Este incremento permitirá reducir en más del 90% las listas de espera para mayores y en casi la mitad para personas con discapacidad. La medida refleja un compromiso del ejecutivo regional con la mejora de los servicios sociales y la protección de los colectivos más vulnerables, en un contexto de crecimiento demográfico y presión sobre el sistema público.
Desde una perspectiva política, la iniciativa se enmarca en las políticas de fortalecimiento del sistema de bienestar social, en línea con las prioridades del Gobierno central y autonómico. La financiación proviene de la modificación de límites presupuestarios del IMAS, en un esfuerzo por responder a las demandas sociales sin afectar otras áreas del presupuesto.
De cara al futuro, la tendencia apunta a un incremento sostenido de recursos destinados a la atención a la dependencia, en un marco de crecimiento demográfico y envejecimiento poblacional. La continuidad de estas políticas será clave para afrontar los desafíos sociales y garantizar la calidad de vida de los colectivos vulnerables en la región.