Murcia, 22 de noviembre. En un reciente encuentro, el Partido Popular de la Región de Murcia ha manifestado su preocupación por la alarmante situación que enfrentan las víctimas de violencia de género, a quienes describen como en un estado de "desprotección" sin precedentes. Esta crítica ha sido dirigida específicamente hacia las reformas que ha implementado el Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de Ana Redondo, así como a la falta de acción efectiva por parte del Gobierno de Sánchez en la gestión de herramientas fundamentales como las pulseras antimaltrato y el sistema VioGén.
Durante un café tertulia que reunió a diversos colectivos de mujeres, la vicesecretaria de Política Social y Estado de Bienestar del PPRM, Conchita Ruiz, enfatizó la creciente "desconfianza" de las víctimas en un sistema que está diseñado para protegerlas, pero que, según se señala, no está cumpliendo su función. Ruiz subrayó que la legislación conocida como "sólo sí es sí" ha permitido la liberación de maltratadores, sumado a la ineficacia en el funcionamiento de dispositivos críticos, lo que deja a las mujeres en una posición de vulnerabilidad.
Ruiz ha criticado duramente la reacción de la ministra de Igualdad, quien ha calificado de "incidentes" los fallos en los dispositivos de seguridad, minimizando así un problema que, de acuerdo con las palabras de la vicesecretaria, pone en peligro la vida de muchas mujeres. El debate del día se centró en la problemática de las pulseras antimaltrato, donde se destacó que las alertas falsas y otros errores técnicos han creado un clima de incertidumbre y miedo entre las usuarias.
Para abordar esta situación crítica, Conchita Ruiz ha propuesto llevar a cabo una "auditoría urgente" e independiente de todos los dispositivos electrónicos y ha demandado más recursos para evitar el colapso judicial que podría acarrear la llamada "Ley Bolaños". Además, ha insistido en la necesidad de establecer protocolos de respuesta inmediata ante los problemas que se presenten.
Respecto al nuevo "Sistema VioGén2", Ruiz ha advertido sobre los graves inconvenientes que han denunciado los sindicatos policiales, tales como fallos en el acceso, falta de interoperabilidad y carencia de recursos. En este marco, ha exigido un incremento en el número de agentes y una coordinación eficaz con servicios sociales y el sistema judicial.
Otro tema relevante en la discusión fue la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La vicesecretaria expresó su preocupación por cómo los cambios en la estructura judicial, particularmente la reasignación de casos de violencia sexual a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, podrían resultar en una sobrecarga que afectaría negativamente la atención que se brinda a las víctimas.
En contraste, Ruiz destacó el trabajo del Gobierno Regional de Murcia, que continúa ampliando la red de Centros de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVI), así como los Puntos de Atención Especializada y las casas de acogida. En particular, mencionó el centro CAIVAX "La Jacaranda" como un modelo que trabaja arduamente en brindar apoyo a las víctimas de violencia sexual.
Por último, la vicesecretaria informó que el "II Pacto Regional contra la Violencia de Género" está avanzando de manera significativa. Mientras tanto, aseveró que el Gobierno de Sánchez, que se autodenomina el "más feminista de la historia", está generando más desprotección que nunca con sus políticas. La reunión concluyó con el firme compromiso de seguir exigiendo al Gobierno Central mejoras reales en recursos, personal y tecnología, y de continuar la labor en conjunto para construir confianza y soluciones concretas, recordando que la igualdad no se impone por decreto, sino que se defiende a diario con acciones tangibles.
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