El 19 de septiembre en Murcia, la diputada regional del Partido Popular, Pepa Carreño, ha hecho una contundente crítica sobre la reciente decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, que impone el uso del catalán en ciertas obligaciones. Carreño considera que este cambio es una concesión más al ex presidente catalán Carles Puigdemont y, además, representa un duro golpe para las empresas locales.

La diputada ha manifestado su intención de llevar a la Asamblea una moción para contrarrestar este acuerdo entre el gobierno español y el independentismo catalán. En su opinión, parece que Sánchez está más interesado en mantener su puesto que en atender las necesidades de los ciudadanos españoles, y este nuevo requerimiento afectará a quienes trabajan arduamente para generar empleo y bienestar económico.

Carreño subraya que esta decisión supone una pesada carga adicional para las empresas, especialmente en un momento crítico en el que los empresarios claman por una reducción de trámites burocráticos y una mejor competitividad. La diputada ha expresado su frustración al señalar que las empresas ya enfrentan serias dificultades debido a la elevada presión fiscal impuesta por el gobierno.

Según la parlamentaria, solo los socios independentistas del Partido Socialista se beneficiarán de esta medida, que parece diseñada para asegurar la permanencia de Sánchez en el poder, mientras él mismo se aferra cada vez más a su cargo.

Carreño también ha criticado el contraste entre las políticas del gobierno central y las del Ejecutivo regional, dirigido por Fernando López Miras. Mientras el Gobierno de España parece más enfocado en encubrir sus problemas de corrupción y en contentar a los independentistas, el gobierno murciano continúa avanzando en la eliminación de burocracia para facilitar el crecimiento económico.

Preguntándose sobre la reacción del nuevo delegado del gobierno de Sánchez en la Región, Carreño se cuestiona si este se manifestará sobre la carga adicional impuesta a los empresarios murcianos o, por el contrario, permanecerá en silencio ante lo que considera un atropello.

Ante esta situación, la diputada del PP ha afirmado que su partido y el gobierno regional no se quedarán pasivos y utilizarán todas las herramientas a su disposición para resistir ante lo que consideran un ataque directo a la libertad empresarial.