El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo decisivo para facilitar la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad para el año 2025, que incluye un total de 20 puntos fundamentales. Este pacto abarca cambios relevantes, como la modificación de la Ley del Mar Menor, el cierre del Centro de Menores en Santa Cruz, y la decisión de no establecer programas educativos que promuevan la lengua árabe y la cultura marroquí, así como la negativa al reparto de inmigrantes ilegales entre comunidades autónomas.

El acuerdo fue presentado recientemente por Joaquín Segado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto de Vox, destacando la unión de los dos partidos en estas cuestiones clave para la región.

En el ámbito de la inmigración, el PP expresa su firme rechazo a las políticas impuestas por el Gobierno de España, que facilitan el asentamiento y el reparto de inmigrantes irregulares. El pacto estipula que la Comunidad de Murcia no participará en estas medidas y que tomará acciones judiciales contra acuerdos entre el Partido Socialista y formaciones independentistas sobre este tema.

Además, se implementará un protocolo urgente para validar la edad de inmigrantes que se consideren menores, que incluirá pruebas médicas como una de sus herramientas esenciales.

En cuanto al Centro de Menores de Santa Cruz, el acuerdo establece su cierre y transformación en un espacio de utilidad sociosanitaria antes de comenzar el curso escolar 2025/2026. También se prevé la eliminación de subvenciones a ONG involucradas en la inmigración ilegal y otros delitos relacionados.

Asimismo, el PP y Vox coinciden en que la recuperación del Mar Menor es una prioridad, comprometiéndose a realizar las modificaciones necesarias para su protección. Esto incluye la revisión de la Ley de recuperación y protección del Mar Menor antes de octubre de 2025, y el desarrollo de infraestructuras que contribuyan a su conservación.

El pacto contempla también la inclusión de varias partidas en los Presupuestos de 2025, que aseguran la financiación de proyectos como la construcción de un nuevo Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad, y la expansión del tranvía en la región, que deberá contar con cofinanciación de los municipios y fondos europeos.

En términos de vivienda y empleo, se destinarán recursos a centros de formación industrial y se lanzará un nuevo modelo de gestión para viviendas sociales, enfocado en ayudar a quienes realmente lo necesitan. Además, se asignarán fondos específicos para la agricultura y ganadería, en un esfuerzo por apoyar a los sectores más afectados.

El acuerdo reafirma el compromiso del PP de no incrementar impuestos en 2025 y de aplicar una reducción gradual en el tipo impositivo sobre ciertos impuestos, beneficiando, además, a los jóvenes que buscan adquirir vivienda.

El control de la ocupación ilegal de viviendas y el empadronamiento irregular será una prioridad, y las aportaciones a sindicatos y organizaciones empresariales serán revisadas para asegurar una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Además, se buscará avanzar en iniciativas legales que fortalezcan la seguridad de las policías locales y la protección de los ciudadanos, asegurando que se respeten principios fundamentales en el ámbito educativo, como la neutralidad ideológica y la libertad de elección de los padres.

Finalmente, el PP se compromete a incrementar el apoyo a las familias numerosas y a asegurar que todas las normas que se generen cuenten con un análisis del impacto familiar, promoviendo así la estabilidad social y económica en la región.