En un ferviente llamado a la acción, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira, ha instado al nuevo delegado del Gobierno, Francisco Lucas, a que se dirija con firmeza a Madrid para exigir la gestión adecuada del agua, un recurso vital que pertenece a su territorio. Esta declaración resuena especialmente en un contexto donde la escasez de agua se convierte en una amenaza latente.
Las palabras de Rubira llegan en un momento crítico, tras los recientes informes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que han puesto de manifiesto que el subsistema de cuenca se sitúa al borde de la alerta, de acuerdo con los datos de escasez presentados el 1 de septiembre. Esta situación evidencia la necesidad urgente de adoptar medidas que garanticen el suministro hídrico a la población murciana.
La consejera no dudó en señalar que "los números son elocuentes". Mientras que las cuencas a nivel nacional presentan un promedio de "50% de agua embalsada", la situación del Segura es alarmante, con niveles que apenas alcanzan el 22%. En contraste, el río Tajo se sitúa cerca del 80% de su capacidad, lo que pone en evidencia una clara desigualdad en la distribución de recursos hídricos.
Rubira urgió a las autoridades a tomar "decisiones contundentes e inmediatas", señalando que la espera no es una opción viable. La consejera expresó su preocupación por las políticas del gobierno central bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, quien, según ella, ha dejada la situación de los recursos hídricos en un estado crítico, incluyendo el cierre de pozos y acuíferos, así como la amenaza de limitar el trasvase Tajo-Segura en un 50%.
Esta reducción, advirtió Rubira, podría tener repercusiones devastadoras en la economía regional. "Sin esos suministros del trasvase, industrias, comercios y el propio abastecimiento de agua se verán comprometidos. La agricultura, un pilar fundamental de nuestra comunidad, corre el riesgo de desaparecer, todo por decisiones tomadas desde una perspectiva sectaria y alejada de nuestras realidades", concluyó la consejera, evidenciando la urgencia de un cambio de rumbo en las políticas hídricas del Gobierno español.
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