MURCIA 7 Dic.

La europarlamentaria del Partido Popular en la Región de Murcia, Maravillas Abadía, ha hecho pública una declaración crucial sobre la postura del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, en relación a las afirmaciones del Gobierno socialista de España. Sefcovic ha refutado la denuncia de que la legislación europea impone un 'tasazo de basuras' que se aplicará en 2025, con el fin de que los ciudadanos asuman el 100 por ciento del coste de la recogida, transporte y reciclaje de residuos, lo que incrementaría el recibo medio a 178 euros.

En un reciente intercambio parlamentario con el Partido Popular, el Ejecutivo europeo dejó claro que son los Estados miembros, y no la normativa europea, quienes tienen la facultad de elegir los métodos específicos para llevar a cabo la Directiva (UE) 2018/851 sobre residuos. Esto significa que cada país podría decidir cómo cubrir los costos de la gestión de residuos, en lugar de verse obligados a implementar un incremento impuestos dictado desde Bruselas.

Este tema ha adquirido relevancia debido a que el Gobierno de Pedro Sánchez, y especialmente la vicepresidenta de Transición Climática, Teresa Ribera, habían utilizado la Directiva Europea como justificación para establecer dicho 'tasazo'. A partir del 10 de abril de 2025, se espera que todos los municipios en territorio español tengan que implementar esta 'tasa de basuras' o una 'prestación patrimonial de carácter público no tributaria' para los servicios relacionados con residuos sólidos urbanos, tal y como se detalla en la ley aprobada recientemente, según indican desde el Partido Popular.

No obstante, el Partido Popular subraya que “Bruselas ha sido clara en este asunto”. De acuerdo con ellos, la tasa que se encuentra en la Ley 7/2022, del 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados, es una opción política del Gobierno de Sánchez y no una obligación impuesta por la normativa comunitaria. Esta directiva ofrece una lista no exhaustiva de mecanismos económicos que los Estados miembros pueden aplicar a su discreción para gestionar eficazmente los residuos.

El comisario europeo también enfatizó que los gobiernos locales mantienen la facultad de adoptar medidas alternativas que no estén explicitadas en la directiva, y estas medidas pueden adaptarse para diferentes grupos, como empresas, productores o ciudadanos individuales. Esta flexibilidad otorga a los Estados miembros una mayor libertad de acción en la gestión de sus propios sistemas de residuos.

Maravillas Abadía ha afirmado que la actitud del presidente Pedro Sánchez se debe a su rechazo a aceptar que el Partido Popular es la principal fuerza de gobierno en muchos ayuntamientos españoles. Esto, según ella, podría haber llevado al Gobierno socialista a presionar a los alcaldes para imponer a sus ciudadanos este nuevo 'tasazo de basuras'.

Desde el Partido Popular, se defiende la autonomía de los municipios para manejar los costes asociados a la gestión de residuos, sin cargar a los ciudadanos con impuestos adicionales. Abadía señala que la decisión de la Comisión Europea ha respaldado su postura y ha validado sus preocupaciones sobre el anuncio de un incremento en el recibo de la basura.

El impacto de esta normativa será significativo, pues se prevé que el PSOE obligue a 45 municipios de la Región de Murcia a aumentar la tasa de basuras a partir de abril de 2025. Esto eliminará cualquier opción de que los municipios opten por mecanismos financieros alternativos para financiar los servicios, perjudicando así a los ciudadanos al trasladarles este nuevo coste.

La respuesta de la Comisión Europea es un respaldo para la postura del Partido Popular, que mantiene que el aumento de la tasa de basura es una decisión tomada unilateralmente por el Gobierno socialista y no derivada de un mandato europeo. Esto podría abrir la puerta a una revisión y rectificación de esta medida, una posibilidad que no se debe pasar por alto, concluyen desde el Partido Popular.