El pasado 14 de octubre, la Policía Nacional llevó a cabo la detención de un individuo en Murcia, sospechoso de haber engañado a más de veinte estudiantes universitarios mediante anuncios fraudulentos de alquiler en una conocida plataforma de bienes raíces online.

De acuerdo con las fuentes del Cuerpo, el detenido utilizó su experiencia como agente comercial inmobiliario para crear publicaciones sobre propiedades en alquiler en la ciudad, aprovechándose de la afluencia de estudiantes que buscaban vivienda.

Tras establecer acuerdos con los interesados, este hombre recababa el dinero correspondiente a la fianza y la primera mensualidad, pero nunca entregaba las llaves de las viviendas prometidas.

Las investigaciones comenzaron en julio, coincidiendo con el periodo en que los universitarios buscaban hospedaje, especialmente aquellos que venían de otras ciudades para continuar sus estudios.

Los estudiantes navegaron por una popular plataforma de internet donde aparecían múltiples anuncios que ofrecían propiedades a precios atractivos. El estafador, con su conocimiento del sector, contaba con los recursos necesarios como llaves, documentación y fotografías para atraer a potenciales arrendatarios.

Gracias a las indagaciones, las autoridades recopilaron evidencias de los anuncios publicados por el presunto estafador. Se identificaron diversas ubicaciones en el centro de Murcia que habían sido ofrecidas a los estudiantes, quienes incluso presentaron documentos como reservas firmadas y transferencias bancarias para demostrar las transacciones realizadas.

El protagonista de esta historia llegó a concertar encuentros con los estudiantes para mostrarles las viviendas, presentando documentos que avalaban su actividad como autónomo y certificados bancarios, todo con el fin de generar confianza en sus víctimas antes de apropiarse de su dinero.

La Policía Nacional logró identificar y detener al sospechoso, que ya ha sido puesto a disposición judicial. Hasta la fecha, se han registrado más de veinte denuncias por este tipo de fraude, con pérdidas financieras que oscilan entre 600 y 1,400 euros por persona, lo que podría traducirse en un total de más de 20,000 euros en perjuicios, sin descartar la posibilidad de más afectados en el futuro.