En la Región de Murcia, los últimos datos reflejan un notable descenso del 3% en las denuncias por violencia de género durante el tercer trimestre de 2025. Esta disminución se ha registrado específicamente entre los meses de julio y septiembre, tal como ha informado el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el periodo mencionado, se contabilizaron un total de 2.013 denuncias, en comparación con las 2.076 reportadas en el mismo trimestre del año anterior, lo que refuerza una tendencia a la baja observada en trimestres anteriores, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).

Al comparar las cifras de diferentes comunidades autónomas, la Región de Murcia presenta un número de víctimas de violencia de género superior a la media nacional, con 24,1 víctimas por cada 10.000 mujeres. A pesar de esto, la región se encuentra por debajo de las Islas Baleares, que lideran la estadística con 35,9 víctimas, y también por debajo de comunidades como la Valenciana y Canarias.

Por otro lado, Galicia, La Rioja y Castilla y León son las comunidades donde se registran las tasas más bajas de este tipo de delitos. La mayoría de las denuncias han sido interpuestas directamente por las víctimas, con 1.375 casos, mientras que las fuerzas de seguridad contribuyeron con 419 atestados a raíz de su intervención directa.

Durante este trimestre, los órganos judiciales de la Región procesaron 478 solicitudes de órdenes de protección, siendo aprobadas el 78%. Además, los juzgados han implementado un amplio espectro de medidas penales y civiles con el objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres y los menores involucrados.

En el ámbito penal, se registraron 1.098 medidas, destacándose las órdenes de alejamiento (331) y las prohibiciones de comunicación (322). En lo que respecta a la esfera civil, sobresalen las medidas sobre el uso de la vivienda familiar (94), la obligación de alimentos (78) y la suspensión del régimen de visitas (71).

Asimismo, se han acordado la suspensión de la guardia y custodia en 33 casos y la revocación de la patria potestad en 48. Sin embargo, solo un 7% de las víctimas optó por acogerse a la dispensa del deber de testificar contra su agresor, cifra que se encuentra por debajo de la media nacional del 11,1%, lo que sugiere una mayor disposición a denunciar y avanzar en estos procedimientos legales.

Los juzgados especializados en violencia de género han emitido 512 sentencias en este trimestre, arrojando un impresionante porcentaje de condenas del 97,1%. En los juzgados de lo Penal, se dictaron 132 sentencias, de las cuales un 78,8% fueron condenatorias, destacando que 80 de ellas se resolvieron por conformidad.

En relación a los delitos más graves, la Audiencia Provincial, a través de su sección especializada, también dictó una sentencia condenatoria. Durante este trimestre, se juzgó a tres menores por delitos vinculados a violencia sobre la mujer, imponiéndoles medidas tras el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados.

La presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, Esther Rojo, ha subrayado el elevado número de sentencias condenatorias emitidas en el país, que alcanzaron un 84,6% del total en este trimestre, una de las cifras más altas de la historia. Según Rojo, este dato refleja la eficacia de la Justicia en este ámbito, a pesar de las dificultades probatorias que suelen presentarse.

Rojo atribuyó estos logros al esfuerzo constante de los sistemas judicial y de todos los profesionales involucrados. También enfatizó que para mantener la calidad de este servicio, es fundamental seguir mejorando la formación y los recursos disponibles para quienes trabajan en la resolución de estos casos.

Además, hizo un llamado a las víctimas para que continúen denunciando y confiando en el sistema judicial. Los datos del trimestre indican una variación mínima en el número de denuncias y víctimas, lo que podría interpretarse como un indicador de la confianza en la administración de Justicia.

Por último, Rojo expresó su inquietud ante un significativo aumento en el número de casos en que las víctimas optan por no declarar, que han crecido un 22,51% en comparación con el año anterior. A pesar de esta preocupación, ofreció un mensaje de tranquilidad a las víctimas, informando sobre la existencia de mecanismos para evitar la confrontación directa con los agresores durante el proceso judicial, así como de diversas medidas diseñadas para su protección y la de sus hijos.