El alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, ha expresado su postura en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional en torno a la reciente propuesta de ley de simplificación administrativa. Según Hernández, es fundamental que esta reforma no solo agilice procesos y reduzca trámites, sino que también garantice que no se eliminen controles esenciales que aseguren la transparencia y eficiencia de la administración pública.

Durante su intervención, el alcalde enfatizó que esta simplificación podría llevar a una mayor carga de trabajo y responsabilidad para los ayuntamientos. Por ello, hizo hincapié en la necesidad de contar con los recursos humanos y técnicos adecuados, además de un sistema de inspección sólido que asegure que los estándares urbanísticos y ambientales se cumplan correctamente en su municipio.

Hernández señaló que uno de los mayores desafíos que enfrenta su administración no es la idea de acelerar los trámites, sino la escasez de recursos necesarios para manejar proyectos significativos, que tienen implicaciones sociales, laborales y económicas. Además, destacó la importancia de poder supervisar adecuadamente las licencias y condiciones que deben cumplir las empresas que desean establecerse en Lorquí.

Desde su perspectiva, la nueva normativa apenas refleja las necesidades y preocupaciones de los ayuntamientos. Sin un apoyo adicional, la llegada de proyectos estratégicos podría suceder sin los controles necesarios, lo que representa un riesgo para la seguridad jurídica. “Anhelamos inversión y empleo, pero requieren ir acompañados de un marco regulatorio robusto”, argumentó Hernández.

En la sesión, el diputado del PSOE, Alfonso Martínez, hizo eco de inquietudes sobre posibles intervenciones en la autonomía municipal. Resaltó la cláusula que estipula que ciertas licencias deberán seguir una interpretación autonómica que podría ser “vinculante”, y cuestionó cómo la normativa podría forzar a modificar los planes urbanísticos existentes. También se plantearon preocupaciones sobre la licencia básica y las provisionales en terrenos urbanizables, sugiriendo que podrían entrañar riesgos si el planeamiento definitivo resulta incompatible con lo autorizado inicialmente.

Por su parte, Virginia Martínez, del grupo Vox, mostró su escepticismo respecto a la catalogación como estratégicos de instalaciones como plantas de biogás o parques solares, argumentando que tales decisiones reducirían la capacidad de los municipios para tomar decisiones informadas. Además, abogó por un enfoque que priorice el sector primario y la revitalización de los núcleos históricos, solicitando informes anuales sobre el cumplimiento de la nueva normativa.

Desde el Grupo Mixto, María Marín, de Podemos, advirtió sobre posibles consecuencias negativas en el ámbito urbanístico y ambiental, criticando que la licencia básica, gestionada mediante una declaración responsable, permita iniciar obras sin la supervisión adecuada. Denunció lo que considera una “barra libre” para grandes proyectos energéticos y alertó sobre cómo la designación de interés estratégico podría imponerse sin tener en cuenta la oposición de los vecinos.

Finalmente, la diputada del Partido Popular, María Casajús, defendió la cuarta ley de simplificación, aseverando que esta reducción de duplicidades y plazos permitirá a los ayuntamientos servir mejor a sus ciudadanos. Rechazó cualquier insinuación de que se estarían “privatizando” funciones administrativas, asegurando que la legalidad, así como los controles públicos, seguirán vigentes y que el Gobierno regional ha colaborado estrechamente con la Federación de Municipios en el desarrollo de esta normativa.