En Murcia, el 30 de enero, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha hecho un llamado urgente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conocido como Miteco, para que se dé una pronta restauración de Puerto Mayor, ubicado en La Manga del Mar Menor, que forma parte del término municipal de San Javier. Este reclamo se realiza después de que se constatara la insolvencia de la empresa que originalmente promueve el proyecto.

En diciembre pasado, la Sala número 1 del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) tomó la decisión de archivar la solicitud de ejecución de sentencia que ANSE había interpuesto, la cual demandaba a la promotora que cubriera tanto las costas judiciales como los trabajos necesarios para la restauración. La falta de fondos y activos por parte de la empresa motivó esta resolución judicial.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo había emitido una providencia el 8 de noviembre de 2022, en la que no admitió el recurso de casación interpuesto por la empresa contra una resolución anterior que había declarado la caducidad de la concesión otorgada para el desarrollo de este puerto deportivo.

De acuerdo con ANSE, la empresa deberá hacerse cargo de pagar las costas del proceso, que incluyen 1.000 euros a la Abogacía del Estado y otros 500 euros a cada parte involucrada, incluida la propia asociación. Además, esta empresa tenía la obligación de retirar las tablestacas de metal y restaurar la zona, devolviéndola a su estado original tras las obras realizadas.

En la sentencia, los jueces argumentaron que no existía una "fundamentación suficiente" para revocar la resolución del 2 de noviembre de 2021, que desestimó el P.O. 279/20 contra la decisión del Consejo de Gobierno de la Comunidad que declaró la caducidad de la autorización concedida por el Consejo de Ministros en 1975, que permitía la construcción de este puerto y otras infraestructuras asociadas.

En marzo de 2024, la Demarcación de Costas en Murcia lanzó a información pública el proyecto titulado 'Retirada de instalaciones de Puerto Mayor y recuperación ambiental del espacio ocupado por las mismas', junto con su estudio de impacto ambiental. Sin embargo, hasta el momento, la resolución de este expediente está aún en espera de un pronunciamiento por parte del Miteco.

Pedro García, director de ANSE, expresó que era "predecible" que la empresa no asumiría los costos de restauración de la Caleta del Estacio, apuntando a que el Gobierno regional, durante la administración de Ramón Luis Valcárcel, había autorizado las obras de manera ilegal. Además, García señaló que es improbable que alguien asuma responsabilidades políticas por este acto que considera un atropello a la protección de la naturaleza y la costa.

De acuerdo con ANSE, el costo de la restauración ambiental debería ser responsabilidad del Estado debido a la insolvencia de la empresa, a menos que Miteco consiga, a través de acciones judiciales, embargar los bienes de los propietarios de la empresa, algo que consideran "muy poco probable".

ANSE ha estado coordinando proyectos y acciones para la restauración de las playas de la caleta del Estacio desde antes de 2005, gracias al apoyo de Greenpeace, buscando en primer lugar detener las obras de Puerto Mayor y después lograr la recuperación ambiental de los arenales para el uso público.

La asociación ha tomado parte activa en todos los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con este proyecto, que consideran que el Gobierno de la Comunidad Autónoma "nunca debió haber permitido ni respaldado". Ya han pasado dos décadas desde que ANSE inició una acción de protesta para frenar las obras de uno de los mayores puertos deportivos del Mediterráneo Occidental. Su objetivo es proteger el último gran arenal sin urbanizar en La Manga.

A lo largo de estos años, las decisiones judiciales y administrativas han avalado las denuncias de ANSE, que desde inicios del siglo han proclamado que la construcción de un macropuerto para 900 embarcaciones, junto a un proyecto de urbanización y otras infraestructuras, era ilegal.

Según ANSE, el argumento utilizado por el Gobierno regional en 2020 para declarar la caducidad, por paralización o no iniciación injustificada de las obras, es el mismo que la asociación había presentado en sus comunicaciones al entonces presidente Ramón Luis Valcárcel, instándolo a no reanudar el proyecto.

Una acción de protesta llevada a cabo a finales de enero de 2005, que involucró a voluntarios de Greenpeace y ANSE, logró detener las obras durante 30 horas, lo que llevó al Ministerio de Medio Ambiente, bajo la dirección de Cristina Narbona, a presentar una demanda judicial. La sentencia fue clara al identificar la ilegalidad de las obras que contaban con el respaldo de las autoridades regionales.

ANSE y Greenpeace han manifestado en varias ocasiones que las obras de Puerto Mayor eran ilegales, dado que se basaron en un proyecto de puerto deportivo que no fue tramitado ni aprobado por la Comunidad Autónoma. La concesión administrativa para la construcción fue otorgada en 1975, pero caducó en 1988 sin que se ejecutara ninguna obra.

En 2003, la Dirección General de Calidad Ambiental aprobó las obras existentes hoy en día en Puerto Mayor, a pesar de que estas provenían de un nuevo proyecto presentado por la empresa en 2001, que no contaba con aprobación de la Comunidad Autónoma.

Estos sucesos condujeron a ANSE a presentar una denuncia contra el director general por dos supuestos delitos: prevaricación y violación de los recursos naturales y el medio ambiente, una denuncia que fue aceptada por la Fiscalía.

Como resultado, el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia procedió a procesar al director general por prevaricación, aunque finalmente no fue condenado debido a un defecto de forma en el proceso judicial.

ANSE y Greenpeace han propuesto diversas iniciativas para eliminar de forma definitiva el proyecto y evitar el reinicio de las obras, siendo la más reciente en julio de 2017 contra el proyecto de conservación y mantenimiento de las tablestacas en Puerto Mayor.

Ambas organizaciones presentaron en agosto de 2017 a la Comunidad Autónoma 22.000 firmas que apoyaban la propuesta de restauración de Puerto Mayor, solicitando al Gobierno regional que procediera a restaurar la playa del Estacio y las 25 hectáreas de arenales colindantes que habían sido afectadas por las obras.

Finalmente, a finales de 2020, la Demarcación de Costas en Murcia autorizó a ANSE a realizar una actuación experimental de restauración sobre 2,6 hectáreas de los arenales afectados, que actualmente se desarrolla en el marco del proyecto denominado 'Resalar'. Esta actuación es un ensayo para la restauración ambiental de más de 20 hectáreas que han sido salvadas de la destrucción en este sector costero.

Adicionalmente, en junio de 2022, el Miteco contrató la elaboración del proyecto de retirada de instalaciones de Puerto Mayor y la restauración dunar en La Manga del Mar Menor, en el marco de las Actuaciones Prioritarias para recuperar esta laguna salada.