La Asamblea Regional ha dado luz verde este jueves en el Pleno a la convalidación del Decreto Ley 1/2025, iniciativa que busca una Simplificación Administrativa.

Esta nueva norma ha sido aclamada por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, quien afirmó que el decreto tiene como propósito "eliminar trámites superfluos, fortalecer la seguridad jurídica y transformar la Administración regional en un impulsor del desarrollo, no en un obstáculo". Su presentación ha enfatizado el compromiso de la ley con quienes emprenden, invierten y generan empleo en la región, según lo reportado por fuentes del gobierno regional.

Entre las novedades que se introducen con esta legislación, que entra en vigencia a pesar de ser tramitada como proyecto de ley, se mencionan la generalización del silencio administrativo positivo y la expansión de actividades que pueden iniciar con una mera declaración responsable. Además, se prevé una drástica reducción de la carga documental, que superará el millón de documentos, así como la posibilidad de presentar informes de técnicos certificados, lo que acelerará la resolución de trámites sin sacrificar el control público.

La nueva normativa también incluye una licencia básica que puede determinar en un mes la viabilidad urbanística de un edificio de viviendas, un factor crucial para el acceso a financiamiento y el inicio de construcciones, con el objetivo de acortar los plazos de edificación en la región.

Asimismo, se abrirá la puerta a la construcción de hoteles en terrenos residenciales y se permitirá clasificar terrenos industriales como especiales, facilitando así la obtención de más suelo industrial ordenado mediante mecanismos flexibles.

López Aragón resaltó la influencia positiva de esta ley en la competitividad regional, señalando que ya se han movilizado más de 800 millones de euros gracias a iniciativas similares que ahora se refuerzan y amplían. "No se trata de promesas, son resultados concretos", afirmó.

Por otro lado, la consejera aclaró que "simplificar no significa desproteger. Nuestro control se mantiene e incluso se refuerza con sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros". Además, subrayó que "esta ley no suprime garantías, sino que elimina obstáculos innecesarios".

Finalmente, López Aragón concluyó su intervención afirmando que esta ley "es un avance para los ciudadanos, aquellos que generan empleo, innovan y edifican el futuro de esta región".