Arroyo amenaza con movilización si Ministerio de Inclusión no se reúne para discutir sobre Hospital Naval.
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha puesto en evidencia al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al exigir una reunión para discutir la situación del Hospital Naval. De no cumplirse con esta petición, Arroyo ha declarado que convocarán una movilización para que el gobierno preste atención a las demandas de los cartageneros.
Las investigaciones realizadas por el Ayuntamiento han revelado la existencia de obras ilegales en el antiguo Hospital Naval, lo que ha llevado a Patrimonio del Estado a activar un expediente de mutación demanial definitiva con compensación presupuestaria por un valor de 25 millones de euros.
El Ayuntamiento sostiene que esto podría indicar que el Ministerio estaría evaluando la posibilidad de adquirir el antiguo hospital. Ante esta situación, la alcaldesa ha exigido una reunión inmediata o de lo contrario, procederán con la convocatoria de una movilización.
Arroyo ha destacado la importancia de que las autoridades escuchen a los representantes de los ciudadanos, o de lo contrario se estaría ignorando la voz del pueblo. En caso de que la ministra, Elma Saiz, no concrete la fecha para la reunión, se tomarán medidas para organizar una manifestación.
El propósito de esta movilización, según la alcaldesa, es mostrar el rechazo hacia la concentración de recursos por parte del Ministerio en Cartagena, considerando el constante flujo de inmigrantes que llegan a la ciudad tanto por mar como por aire, desde Canarias.
Arroyo ha criticado la falta de transparencia por parte del Gobierno central en relación con la permanencia del campamento, señalando que el Ministerio de Defensa ha extendido por un año más la cesión del Hospital Naval al Ministerio de Migraciones, a pesar de asegurar que sería temporal.
La alcaldesa ha enfatizado que la opinión mayoritaria en Cartagena es contraria al uso actual del Hospital Naval, solicitando su cesión al municipio. Según ella, hay motivos de peso para considerar que la decisión del ministerio es un grave error.
Arroyo ha expresado su preocupación por la falta de respuesta por parte del Gobierno central a las múltiples solicitudes de reunión enviadas por el Ayuntamiento, asegurando que seguirá defendiendo los intereses de los cartageneros utilizando todos los medios legales disponibles.
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