Murcia, 10 de mayo. La directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, Ana Belén Martínez, ha alzado la voz para advertir sobre una preocupante maniobra del Ministerio de Igualdad, que busca reducir en un 25% los fondos destinados al Plan Corresponsables. Esta medida amenaza con obligar a las comunidades autónomas a cubrir, con recursos propios, el recorte previsto.

En términos concretos, la Región de Murcia dejaría de recibir más de 1,6 millones de euros anuales, una suma que representa parte de los 6,5 millones total que se asignan a los municipios y entidades sociales locales. Estos recursos son fundamentales para proporcionar apoyo a las familias que necesitan ayuda en la conciliación laboral y familiar, especialmente aquellas que se encuentran trabajando o en búsqueda activa de empleo.

Martínez subrayó que esta reducción presupuestaria pone en riesgo la continuidad de programas esenciales, tales como las escuelas de vacaciones, aulas matinales, ludotecas y diversas actividades extraescolares. En el último año, más de 11.300 familias solicitaron asistencia, relacionada con el cuidado de 19.355 niños y niñas de hasta 16 años, un incremento de mil menores respecto al año anterior. Además, el funcionamiento de estos servicios ha permitido la contratación de 800 nuevos profesionales en la Región.

La responsable autonómica criticó la forma unilateral en que el Gobierno de Pedro Sánchez toma decisiones que afectan a las regiones, indicando que esta nueva estrategia del Ejecutivo central es una muestra más de imposiciones que podrían haberse evitado. Resaltó que este recorte se produce de manera sorprendente en el segundo trimestre del año fiscal, cuando ya se había previsto el presupuesto y los ayuntamientos contaban con esos fondos para sus programas de conciliación.

Desde su perspectiva, la intención del Ministerio es transferir progresivamente la carga financiera del Plan Corresponsables hacia las comunidades autónomas, esquivando así su responsabilidad en la promoción de la conciliación y en la igualdad de oportunidades entre ciudadanos.

Finalmente, Martínez hizo un llamado durante la Comisión Sectorial de Igualdad realizada recientemente para modificar el orden del día y que se aclare los fundamentos que sustentan esta decisión unilateral, que implica que las comunidades autónomas deban cofinanciar el programa en un 25%.