El TSJMU reconoce la gran invalidez a una funcionaria jubilada tras agravamiento de su enfermedad

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha dictaminado que una funcionaria jubilada por incapacidad permanente debe recibir la condición de gran invalidez. La sentencia, emitida recientemente, avala que su deterioro neurológico avanzado requiere asistencia constante de terceras personas para las actividades básicas de la vida diaria.

Este fallo se produce en un contexto en el que las administraciones públicas, en particular las entidades de mutualismo administrativo, revisan los criterios para reconocer situaciones de dependencia tras la jubilación por incapacidad. La funcionaria, afectada por esclerosis múltiple en progresión, solicitó en 2023 la revisión de su situación ante MUFACE, que inicialmente rechazó su petición basándose en informes médicos que no consideraron necesaria la ayuda de terceros para las tareas básicas.

El tribunal resalta que la evidencia médica aportada durante el proceso demuestra una afectación neurológica severa, con pérdida total de movilidad y dependencia casi absoluta. La sentencia señala que la normativa contempla la posibilidad de reconocer la gran invalidez después de la jubilación por incapacidad si se produce un agravamiento de la enfermedad y se cumplen los requisitos legales.

Este fallo tiene implicaciones importantes en la protección social de los empleados públicos afectados por enfermedades progresivas. La decisión refuerza la necesidad de que las administraciones revisen con mayor rigor los casos donde la evolución de la estado de salud justifique un reconocimiento de mayor protección y asistencia.

Desde un punto de vista político, la resolución evidencia las tensiones existentes en la gestión del mutualismo administrativo y la protección social de los empleados públicos. La normativa y los recursos destinados a estas situaciones podrían ser objeto de futuras reformas para garantizar mayor equidad y atención adecuada en estas circunstancias.

En un contexto más amplio, este caso pone de manifiesto la importancia de una evaluación médica exhaustiva y actualizada en los procedimientos administrativos. La tendencia apunta a que otros afectados por enfermedades progresivas puedan solicitar revisiones similares, lo que podría influir en cambios en la normativa y en la percepción de la protección social en el sector público.