MURCIA, 24 Jul.

El fiscal Juan Pablo Lozano ha solicitado una pena de 13 años y medio de cárcel para el ex presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, por su presunta implicación en el caso 'Guardería'. Este caso se originó a raíz de una investigación sobre posibles irregularidades en la construcción de los centros de Atención a la Infancia y la Mujer de Puerto Lumbreras durante su mandato como alcalde.

En el escrito dirigido a la jueza y obtenido por Europa Press, el fiscal también solicita una pena de inhabilitación especial de 36 años para empleo o cargo público por los delitos de fraude, prevaricación, falsedad en documento público y ordenación del territorio.

Específicamente, el Ministerio Público solicita una pena de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público debido al delito continuado de prevaricación cometido al "aceptar encargos verbales, fragmentar proyectos y aprobarlos sin cumplir con los requisitos legales".

Además, se solicita una pena de cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito continuado de fraude en concurso ideal con el delito continuado de prevaricación.

También se pide una pena de siete años de prisión, siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y una multa de 30 meses a razón de 50 euros diarios debido al delito continuado de falsedad en documento público. Este delito se refiere a la falsificación de actas, certificaciones y solicitudes de informes para ampliar los plazos de las subvenciones.

Todo esto se considera en concurso ideal con el delito continuado de malversación, aplicándose el delito de falsedad como el principal.

Por último, Lozano solicita una pena de dos años y medio de prisión, así como cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 30 meses a razón de 50 euros diarios por el delito continuado de contra la ordenación del territorio. Este delito se debe a la aprobación de tres proyectos del Centro de la Mujer que excedían los límites de construcción permitidos.

El fiscal acusa a Pedro Antonio Sánchez de construir un edificio en un solo proyecto, destinado a ser una guardería y un centro de la mujer, entre los años 2007 y 2010. Según el Ministerio Público, este edificio fue concebido fraudulentamente a través de siete proyectos que se adaptaron sucesivamente a los requisitos de las subvenciones disponibles entre 2005 y 2010.

El fiscal también menciona que se certificaron falsamente partidas de obra para justificar el gasto de las subvenciones, y se pagó dinero público por obras inexistentes cuyo destino es incierto. El coste total de la obra superó considerablemente el precio de mercado, con un coste ilícito pagado por el Ayuntamiento de 845,49 euros por metro cuadrado.

Además de Pedro Antonio Sánchez, el fiscal también solicita penas para otros diez acusados, incluyendo funcionarios municipales y responsables de las empresas constructoras.