El pasado 21 de noviembre, la Guardia Civil ha iniciado diligencias contra el gerente de una empresa de la región de Murcia, bajo la sospecha de estar involucrado en estafas y falsificaciones relacionadas con la gestión de residuos peligrosos. Esta acción se produce en el marco de la operación 'Litterbug', cuya investigación se puso en marcha tras recibir una denuncia el verano pasado.

La denuncia provino de un representante de una constructora que acusó a la empresa de haber incurrido en irregularidades al gestionar residuos de placas de fibrocemento que contenían amianto. Según la declaración, la constructora contrató a una empresa ubicada en Madrid para la retirada de estos materiales, quienes completaron el trabajo y emitieron una factura que fue prontamente pagada.

Posteriormente, la constructora solicitó documentación que confirmara la correcta gestión de los residuos retirados. Sin embargo, el certificado recibido generó sospechas sobre su autenticidad, lo que llevó al denunciante a presentar un informe a las autoridades pertinentes.

Los expertos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se hicieron cargo del caso, iniciando una investigación para aclarar las acusaciones. Los primeros hallazgos revelaron que la empresa encargada de la gestión de residuos no había entregado los sobrantes de fibrocemento en la obra, confirmando además que el documento presentado era falso.

La investigación ha demostrado que, a pesar de ser clasificados como peligrosos, los residuos no fueron gestionados de manera adecuada. Además, se ha evidenciado la existencia de otras irregularidades en la misma empresa, con al menos dos casos más relacionados con la gestión defectuosa de residuos peligrosos.

Los investigadores han establecido que en los tres casos examinados, la creación de documentos falsos para la gestión de residuos no solo constituye un delito penal, sino que también perjudica gravemente la reputación de la empresa implicada. El modus operandi identificado sugiere que la empresa anunciaba servicios de desmontaje y reciclaje sin las debidas autorizaciones, y al ser contratada, realizaba el trabajo y emitía documentación falsa.

Una vez cobrados sus servicios, la empresa se desliga de sus responsabilidades legales, dificultando que las constructoras recuperen las garantías financieras exigidas por las autoridades locales. En el curso de la investigación, se ha corroborado que la retirada y almacenamiento de los residuos se llevó a cabo sin respetar los protocolos ni las evaluaciones requeridas por la normativa vigente.

A medida que la operación avanza, las autoridades siguen trabajando para esclarecer todos los hechos delictivos y atribuir las responsabilidades relacionadas con la gestión fraudulenta de los residuos peligrosos.