La fiscalía ha presentado una solicitud para imponer penas que totalizan 8 años y 6 meses de prisión, además de imponer inhabilitaciones especiales que pueden llegar hasta los 18 años para ejercer en cargos públicos. Esta situación se enmarca en un caso que involucra al exalcalde de Calasparra, José Vélez, quien ha sido señalado por varios delitos entre los que se encuentran la prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El juzgado de Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz ha decidido recientemente abrir juicio oral contra el exregidor, que ocupó la Alcaldía entre 2017 y 2019. La decisión se dio a conocer en un auto este martes, en el cual se exponen los hechos relacionados con la organización de los festejos taurinos en la Feria Taurina del Arroz, que coincidieron con los encierros matinales organizados por el Ayuntamiento durante las fiestas patronales de la localidad.

Es relevante notar que José Vélez dejó su puesto en la Alcaldía para asumir en 2020 el cargo de delegado del Gobierno en la Región de Murcia, puesto que mantuvo hasta 2023. Desde el año 2021, se desempeña como secretario general del PSOE en la región, lo que ha aumentado su visibilidad política y la controversia en torno a su figura.

Además del exalcalde, el juez ha decidido abrir juicio oral contra dos concejales de Festejos que ocuparon el cargo durante el periodo mencionado: Jordi Arce Corbalán y Antonio José Merino Moreno, así como contra un administrador de una empresa implicada. Esta decisión fue comunicada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) en un comunicado oficial.

La acusación se fundamenta en los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad documental, y ha sido elaborada tras la culminación de la investigación en septiembre pasado. Las penas solicitadas por la fiscalía suman un total de 8 años y 6 meses de prisión, además de implicar hasta 18 años de inhabilitación especial para los cargos en cuestión, que incluyen al exalcalde y a los dos exconcejales.

Las penalizaciones propuestas por la acusación popular son aún más severas, reclamando 12 años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa continuada y 8 años de prisión, sumando hasta 20 años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación de caudales públicos. Tales cifras reflejan la gravedad con la que se juzga el comportamiento de las autoridades implicadas.

Además, ambas acusaciones piden una indemnización conjunta y solidaria para resarcir al Ayuntamiento de Calasparra por los daños ocasionados. La cantidad que se establece en la acusación pública asciende a 249.630 euros, mientras que la acusación popular propone un monto mayor de 367.096 euros.

De acuerdo con el auto judicial, que es firme y no admite recurso, la investigación se ha enfocado en el vínculo entre el consistorio y la empresa responsable de la cesión de los animales para los encierros, que estaban contratados para los festejos taurinos. Se alega que el Ayuntamiento de Calasparra utilizó fondos públicos para cubrir gastos que en teoría no debían ser asumidos con dinero de las arcas municipales.

El fallo del magistrado indica que el dinero abonado por el Ayuntamiento superó considerablemente los precios establecidos en los contratos de 2017, 2018 y 2019, lo que lleva a cuestionar la gestión económica del consistorio. Por tanto, se declara a la Audiencia Provincial de Murcia como la competente para llevar adelante el juicio y emitir un fallo sobre este caso, que ha captado la atención del público y los medios, poniendo en entredicho la integridad de los funcionarios involucrados.