La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales de la Asamblea Regional de Murcia, centrada en la Unión Europea y Derechos Humanos, ha tomado la decisión este lunes de que la Cámara se involucre y presente alegaciones ante el Tribunal Constitucional. Esto responde a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley 2/2025, que modifica la Ley 5/2017 relacionada con la Participación Institucional de los sindicatos y organizaciones empresariales más relevantes en la región.

La propuesta fue defendida por Rubén Martínez, representante de Vox, quien abogó por la personación de la Asamblea en estos recursos y propuso que los servicios jurídicos de la Cámara se encarguen de su representación y elaboración de alegaciones. Al final, la Comisión acordó que la abogada del comité será la encargada de esta labor.

Martínez destacó que la norma en cuestión es el resultado de una iniciativa de Vox, asegurando que "se han cumplido todos los procedimientos necesarios para su aprobación, garantizando así los derechos de todos los grupos parlamentarios y, por ende, de los ciudadanos de Murcia".

En su informe, el ponente justificó la participación de la Cámara al sostener que el tema influye en las competencias autonómicas.

"Es fundamental que estemos presentes en este proceso, ya que la legislación afecta a nuestras competencias autonómicas, y es esencial asegurar que se respeten los principios legales que rigen en España, garantizando así nuestra capacidad para intervenir en defensa de los valores que orientan la actuación de la Asamblea Regional", declaró, reafirmando su compromiso con los valores constitucionales de los ciudadanos murcianos.

En su exposición, Martínez enumeró varios puntos cruciales, resaltando primero "la libertad de configuración normativa que tiene el legislador autonómico en el ámbito de subvenciones y participación institucional, conforme a los Artículos 137, 147 y 148 de la Constitución".

En segundo lugar, matizó que "la Constitución no reconoce como derecho fundamental la libertad sindical vinculada a la obtención de financiación pública".

Además, señaló que "la ley no elimina la participación institucional y respeta el ejercicio legítimo de las competencias autonómicas, ya que no nos referimos a la competencia exclusiva del Estado en legislación laboral, sino a un diálogo institucional a nivel regional".

El diputado argumentó que la norma "no atenta contra el contenido esencial de la libertad sindical, ni infringe el principio de representatividad establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y además respeta la igualdad garantizada por el artículo 14 de la Constitución, al mismo tiempo que reduce la arbitrariedad en la concesión de subvenciones. Esta ley, la 2025, supera con creces la prueba de proporcionalidad constitucional".

Desde el Grupo Parlamentario Popular, se recordó el apoyo que habían hecho al informe de la ponencia la semana anterior.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista expresó su rechazo a la iniciativa. Aseguraron que "hoy venimos a esta Cámara a defender algo esencial: los derechos de los trabajadores y funcionarios, así como el marco constitucional que garantiza la participación sindical". Reiteraron que "no votaremos a favor, porque exigíamos un informe jurídico que no se presentó. Ahora, un partido de ultraderecha pretende que se valide eso, mientras que el PP colabora en esta agenda".

Además, recordaron que "existen dos recursos de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de España" y reiteraron que su postura no respaldará la decisión adoptada por la mayoría de la Comisión.

El Grupo Mixto también anunció su negativa, considerando erróneo tanto el enfoque de la ley como las alegaciones que se presentarán ante el Constitucional.

Su portavoz calificó de "absurdo" lo propuesto por Vox y apoyado por el PP en la modificación, indicando que "primero confunden las ayudas económicas a los sindicatos, ya que no son subvenciones, lo cual es un grave error".

Criticaron la idea de trasladar al diálogo social un modelo competitivo propio de subvenciones, cuestionando cómo se podrá establecer un "concurso" para determinar qué sindicatos o patronales participan en el diálogo social sobre el salario mínimo interprofesional.

El Grupo Mixto defendió que "las ayudas económicas son esenciales para la defensa de los trabajadores y organizaciones sindicales, que son fundamentales en nuestra democracia, y están respaldadas por varias normativas, incluida la Ley de Bases de Régimen Local, que exige recursos adecuados".

Indicaron que "es evidente que este recurso tendrá éxito y no colaboraremos, dado que no apoyamos la modificación previa realizada en la Asamblea Regional".

Tras las intervenciones, la Comisión sometió a votación el informe de la ponencia, aprobando la participación de la Asamblea. El presidente de la Comisión confirmó que "la representación estará a cargo de la abogada de esta comisión".