La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales ha dado un paso significativo al aprobar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Este movimiento busca que se establezca una comisaría de Policía Nacional en Torre Pacheco, así como que se refuercen las capacidades del cuartel de la Guardia Civil en la misma localidad.

Además, la moción plantea que la nueva comisaría cuente con una unidad especializada en Extranjería y Documentación, para poder atender no solo a Torre Pacheco, sino también a la comarca del Mar Menor en su totalidad. La propuesta ha recibido el apoyo del Partido Popular y Vox, mientras que los representantes del PSOE se han manifestado en contra de la misma.

La diputada del PP, María Luisa Ramón, ha defendido con vehemencia la moción, argumentando que Torre Pacheco cumple adecuadamente con todos los criterios necesarios para contar con una comisaría, al ser el sexto municipio más poblado de la Región de Murcia, con más de 40.000 residentes. Ramón ha subrayado que el aumento del 16,6 % en los índices delictivos, según datos oficiales, hace urgente una atención especial en seguridad, afirmando que “la seguridad ciudadana no debe ser un tema ideológico, sino un derecho esencial que el Estado debe garantizar”.

Asimismo, Ramón ha destacado que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno regional están tomando medidas concretas, como el incremento en las contrataciones de la Policía Local y la implementación de un sistema de videovigilancia con más de 200 cámaras. “El Gobierno de España debe dejar de poner excusas y actuar”, ha declarado contundentemente la diputada.

Por otro lado, el diputado socialista Fernando Moreno ha descalificado la moción, sugiriendo que el Partido Popular está fomentando un clima de inseguridad que podría tener un efecto contraproducente. Moreno criticó al PP por su historial de recortes en Police y destacó que las nuevas políticas de Extranjería ya han fortalecido el personal administrativo en este ámbito.

Desde Vox, Alberto Garre ha manifestado su preocupación por que el PP haya presentado una moción equivalente a una ya registrada por su grupo, aunque finalmente decidió apoyar la propuesta para evitar enfrentar nuevas polémicas. Garre admitió que la inseguridad en la zona es un hecho indiscutible que no puede ser desestimado.

En otra línea, la Comisión ha respaldado un plan impulsado por Vox para mejorar las condiciones laborales en el cuartel de la Guardia Civil en Beniel, con el objetivo de establecer controles más efectivos y aumentar la seguridad en el área. Rubén Martínez, diputado de Vox, describió la situación en Beniel como “insoportable”, subrayando que no es aceptable que la inseguridad dependa de la luz del día.

La moción incluye una enmienda del PP que solicita el refuerzo mediante grupos Lince, y Alfonso Cerón, del PP, ha utilizado su intervención para señalar la falta de recursos en los cuerpos policiales y criticar la mala gestión de fondos destinados a la seguridad.

Sin embargo, el diputado socialista volvió a considerar que el aumento de criminalidad es transitorio, argumentando que la situación se ha estabilizado y que la intervención de la Delegación del Gobierno ha sido suficiente. Moreno cuestionó la necesidad de grupos especiales y acusó a Vox de generar alarmismo.

Por unanimidad, la Comisión aprobó otra moción del PP centrada en garantizar el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. La diputada Sonia Ruiz destacó que a pesar de que España ha reconocido este derecho, queda mucho por hacer para asegurar su pleno cumplimiento.

Se subrayaron varias carencias que aún existen, como la falta de intérpretes de lengua de signos y la necesidad de adaptar procedimientos judiciales. Ruiz afirmó que “esto no se basa en favores, sino en derechos fundamentales que deben ser garantizados para una ciudadania plena”.

Vox se unió a la iniciativa, proponiendo que se aumente el número de intérpretes y mediadores para asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos efectivamente. El PSOE, a pesar de apoyar la moción, intentó introducir enmiendas para extender su alcance a la Administración regional, lo que no prosperó en la votación final.

En contraste, se rechazó una propuesta del PSOE que solicitaba una campaña institucional en favor de la convivencia y contra los discursos de odio hacia los migrantes en la Región de Murcia. Este proyecto solo recibió apoyo entre los socialistas y fue condenado por el PP y Vox, quienes argumentaron que no hay un problema de convivencia que requiera tal intervención.

Por último, en esta misma sesión, se designó al diputado Alberto Garre, de Vox, como nuevo secretario de la Comisión y se aprobó la solicitud del PP para que el consejero de Economía comparezca y brinde información sobre la estrategia de relevo generacional en la administración pública regional.