Murcia, 26 de agosto. En una reciente declaración, el Gobierno de la Región de Murcia ha expresado su descontento con lo que considera una falta de transparencia por parte del Ejecutivo central respecto a la recepción de menores migrantes no acompañados.

La reacción del Gobierno murciano se produce tras la reunión del Consejo de Ministros, donde se autorizó a las comunidades autónomas a acoger a estos menores, pero sin proporcionar información clara sobre cuántos llegarán a la región desde Canarias.

Conchita Ruiz, consejera de Política Social, Familias e Igualdad, ha manifestado que lo ocurrido refleja cómo el Gobierno de Sánchez utiliza a las comunidades como una solución temporal para los fallos en su política migratoria, sin buscar el diálogo ni la colaboración necesaria.

La consejera también ha señalado que la capacidad de acogida dictada por el Ministerio no corresponde con la realidad del sistema de protección en la Comunidad, que actualmente enfrenta una sobrecarga de más del 200%.

Ruiz ha subrayado la comprobada solidaridad de la Región de Murcia, mencionando que en el último año y medio han atendido a cerca de 1.400 menores no acompañados, al tiempo que se han habilitado más de 200 nuevas plazas y 16 centros de protección adicionales.

El gasto realizado por el Gobierno regional en alojamiento residencial para estos menores en los últimos dos años asciende a unos 30 millones de euros, un esfuerzo que, según Ruiz, ha sido obviado en los cálculos del Ministerio.

La consejera ha advertido sobre las múltiples rutas de entrada de inmigración que afectan a Murcia, incluidos los arribos en pateras y el tránsito entre comunidades, así como el acceso a través del Hospital Naval de Cartagena, que desde su apertura ha recibido a 331 menores provenientes de Canarias en 2023.

Ruiz ha afirmado que el Gobierno de Sánchez es responsable de la desprotección de los menores no acompañados en la región, lo que está tensionando el sistema de protección y poniendo en riesgo la calidad de atención. Además, ha anunciado que la administración murciana impugnará cualquier decisión del Gobierno de España que se imponga sin consenso.