El año 2024 culminó para la Región de Murcia con un déficit de 478 millones de euros, lo que representa una notable disminución del 47,36% en comparación con los 908 millones registrados en 2023. Esta información fue presentada en una rueda de prensa por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Este análisis indica que el déficit de la Región de Murcia corresponde al 1,11% de su Producto Interior Bruto (PIB). Esta cifra contrasta significativamente con la del año anterior, donde la comunidad cerró el ejercicio con un déficit de 908 millones, lo que equivale al 2,25% de su PIB regional.

A nivel nacional, el déficit acumulado de todas las administraciones públicas se situó en el 2,8% del PIB para 2024, una mejora considerable respecto al 3,52% del año anterior. Este resultado, que alcanza un total de 44.597 millones de euros, supera las expectativas establecidas por el Gobierno ante Bruselas y se alinea con las reglas fiscales de la Unión Europea que establecen un límite del 3%.

Montero subrayó que estos datos reflejan un proceso de "saneamiento" de las cuentas públicas en un entorno internacional caracterizado por la incertidumbre y los desafíos, enfatizando que los resultados en España son aún más valorables bajo tales circunstancias.

La ministra también destacó que, por quinto año consecutivo, España ha alcanzado sus metas de déficit, superando incluso las proyecciones de la Comisión Europea. Este logro es significativo, dado que el país logró salir por primera vez desde 2018 del umbral de déficit excesivo fijado por la Unión Europea.

Sin embargo, es importante destacar que el déficit del 2,8% no incluye los costos asociados a las medidas adoptadas para hacer frente a los efectos de la DANA, que afectaron de manera especial a la Comunidad Valenciana. Si estos gastos se contabilizasen, el déficit total ascendería a un 3,15% del PIB, aunque continuaría siendo una mejora respecto al 3,52% del año pasado.

Montero recalcó que, conforme a las reglas fiscales, los gastos derivados de catástrofes naturales no se contabilizan como parte del déficit, una norma que también se aplicó en su momento tras el terremoto de Lorca hace más de diez años.