Las claves de la polémica por el reparto de la publicidad institucional en Murcia

La Asamblea Regional de Murcia aprobó por unanimidad una moción del PSOE que exige más transparencia y control sobre el gasto en publicidad institucional del Gobierno autonómico. La iniciativa surge tras la denuncia socialista de que un único medio recibió 2,2 millones de euros en contratos menores entre 2023 y 2026.

Según el diputado socialista Alfonso Martínez, esa cifra contrasta con las cantidades asignadas a otros medios de comunicación de ámbito nacional, como La Razón, El Español u OK Diario, que aparecen con importes muy inferiores. El socialista denunció además la falta de información pública sobre los contratos de patrocinio y los criterios que determinan el reparto de las campañas.

El debate se apoya también en un estudio de audiencias encargado por el propio Ejecutivo regional en 2023. Ese informe, según el PSOE, estuvo en poder del Gobierno desde la primavera de 2024, pero no se facilitó hasta mayo de 2025, un retraso que los socialistas utilizan como argumento de opacidad.

El Partido Popular, por su parte, coincidió en la necesidad de transparencia, aunque trasladó la exigencia también a las administraciones centrales. Su diputada María Casajús defendió que no basta con publicar cifras de inversión y que es necesario explicar y permitir fiscalizar cómo se decide la distribución del gasto.

Vox acusó a populares y socialistas de utilizar recursos públicos para financiar propaganda institucional. Por su parte, IU-Verdes, integrada en el Grupo Mixto, señaló incumplimientos de la Ley 13/2018 de Comunicación y Publicidad Institucional, en especial en las obligaciones de información y evaluación del gasto.

En el fondo, la discusión plantea una cuestión de interés general: si la publicidad de las instituciones responde al derecho de la ciudadanía a estar informada o a intereses políticos. La aprobación unánime de la moción no resuelve ese dilema, pero obliga al Ejecutivo regional a dar explicaciones sobre sus criterios de contratación y a someterse a un mayor escrutinio parlamentario en los próximos meses.