López Miras impulsa reformas en ley de emergencias y mejora condiciones laborales públicas
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció la modificación de la Ley de Emergencias para endurecer sanciones y perseguir conductas irresponsables, como los incendios intencionados. La iniciativa busca incrementar las multas de 3.000 a 6.000 euros en sanciones leves, y de 600.000 a un millón en casos muy graves, además de incorporar infracciones por movilización excesiva de recursos por imprudencia o dolo.
Este cambio legislativo responde a las crecientes dificultades para gestionar emergencias en un contexto climático que favorece incendios de mayor magnitud. La estrategia regional también contempla mecanismos para repercutir costes en actuaciones dolosas o negligentes que impliquen recursos públicos adicionales. La medida busca fortalecer la protección del patrimonio natural y la capacidad operativa de los servicios de emergencia.
A nivel laboral, López Miras anunció la dotación presupuestaria para implementar, en 2026, el segundo tramo de la carrera profesional para más de 35.000 empleados públicos, incluyendo docentes y personal de Administración y Servicios. La medida pretende avanzar en la modernización de la administración regional y mejorar las condiciones laborales del sector público regional.
En el ámbito político, el presidente criticó la oposición socialista por su gestión y por las acusaciones relacionadas con casos judiciales, defendiendo la actuación de la policía y la justicia en los casos de fraude en prótesis. Además, destacó la necesidad de que el Gobierno central cumpla con la ley en materia de dependencia y de infraestructuras estratégicas, como presas para proteger el Mar Menor y zonas agrícolas.
El debate también abordó temas de política migratoria y financiación autonómica. López Miras reclamó mayor inversión para Murcia, criticando las políticas del Ejecutivo central y resaltando la importancia de avanzar en acuerdos que beneficien a la región. La perspectiva futura pasa por consolidar estas reformas, en un contexto político marcado por la tensión entre el Gobierno regional y Madrid, y la búsqueda de mayor autonomía financiera.